A través del decreto 93/2018, con firma del jefe de Estado y del jefe de Gabinete Marcos Peñase establece que que “no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro. Quedan incluidos el cónyuge y la Unión Convivencial”.

“Quedan exceptuadas las personas designadas mediante procesos de selección por Concurso Público de antecedentes o que cuenten con estabilidad en el cargo”, aclaran. En el texto indican que la fecha tope para desvincularse del Estado es el 28 de febrero de 2018.

Al ser consultado sobre cómo evaluaron los miembros del Gabinete el anuncio presidencial que impide a los ministros designar a familiares en la administración pública nacional, Marcos Peña había dicho que “es una medida muy importante que construye un piso institucional, marca una regla donde antes no había“.

Peña insistió además, en “el espíritu sobre la posibilidad” que dicha medida “se extienda” a otros lugares, como lo planteó Macri, con la finalidad de lograr “una política más transparente y profesionalizada” en todos los ámbitos de la administración pública.

Se estima que hay unos 40 familiares directos de ministros trabajando en en Sector Público. La medida podría ser imitada por la Ciudad y la Provincia.