El ministro de Gobierno se sumó a la polémica por los 13 millones de pesos en el presupuesto 2018 para mantener a capellanes católicos.
El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, se mostró en contra de que los sacerdotes católicos cobren sueldos del Estado provincial y se mostró proclive a que el resto de los credos y entidades que realizan labores sociales reciban algún subsidio “acotado”, pero no retribuciones personales porque “no se trata de lo más adecuado”. En ese sentido, dijo que “no es bueno” que sólo se subvencione a la Iglesia Católica.
Sin embargo, el funcionario aclaró que los cargos rentados de algunos curas están “contemplados por la ley y la Constitución”, por lo tanto detalló que podría establecerse una modificación en el caso de que prospere la reforma de la Carta Magna que plantea el gobernador Miguel Lifschitz.
El Estado provincial destinará poco más de 13 millones de pesos del presupuesto 2018 para mantener a los capellanes de la Iglesia Católica que tienen cargos permanentes dentro la estructura santafesina. Las partidas se concentran en los ministerios de Salud y Seguridad dentro de Rosario y Santa Fe.
Así, la polémica desatada por los fondos que destina la Nación a Iglesia Católica se extendió a la provincia a partir de los aportes que realiza para el trabajo de sacerdotes en cárceles y hospitales.
Los fondos que partes de las arcas provinciales son para sostener una plantilla de 26 capellanes que se desempeñan como personal de la provincia. Un total de 25 con cargo permanente y uno de forma temporaria. Doce de ellos reportan al Ministerio de Seguridad, la mayoría en el área de custodia y guarda de procesados y condenados. Los otros 14 se reparten principalmente en los hospitales de la capital provincial (de Niños Alassia, Cullen, Iturraspe, Sayago y el psquiátrico Mira y López), dos en Rosario (uno en el Centenario y otro en el Provincial), y uno en el Samco de mediana complejidad de Las Colonias, otro en el de General López y uno más en el Central de Reconquista.
Farías fue contundente: “Deben abrirse las posibilidades a otros credos; no es bueno que los subsidios se destinen únicamente al culto católico”.
Además, remarcó que, según su punto de vista, “no debería cobrar nadie de manera particular. Cada credo debe sostenerse por sí mismo y, ante la ayuda social, en todo caso podría desarrollarse algún aporte estatal, pero en forma genérica a las instituciones”.
Distorsión
Para el ministro, la particularización para estos casos “distorsiona el entendimiento de lo que deben ser los salarios en el sector público”.
En otro orden, Farías abogó en La Ocho por la discusión del tema. “Podría ser a partir de una legislación en la que estemos de acuerdo”, detalló antes de subrayar “la necesidad de que se encuentre una expresión de la voluntad legislativa”.
En efecto, detalló que se “podría fijar un monto del erario público destinado a sostener la actividad de algunos credos realizadores de acciones con fuerte impacto social. Sería una decisión más lógica establecer un sostenimiento módico y acotado, siempre justificado a las realizaciones de los credos ligados a estas acciones para la sociedad”.
Si bien estas partidas apenas representan una pequeña porción de los 191 mil millones de pesos del presupuesto y 137 mil empleados que tiene el Estado provincial, la asignación de las partidas permite ver prioridades. El 76 por ciento de los 13 millones de pesos (10 millones) está destinado a capellanes que trabajan en el área custodia y guarda de procesados y condenados. Según el presupuesto, allí están destinados 10 sacerdotes. Casi la mitad del presupuesto se destina a Rosario, el 32 por ciento a la ciudad de Santa Fe y el resto a Coronda.
