Agrupadas en la plataforma Unidad Provida, cuestionan aspectos polémicos del proyecto de despenalización.
Mientras la Cámara de Diputados daba inicio formal al debate sobre el proyecto para despenalizar el aborto , unas 70 organizaciones no gubernamentales contrarias a esta práctica lanzaban ayer su “contracampaña” a favor de la vida aunadas bajo una misma plataforma: Unidad Provida.
Con timbreos nacionales, charlas en las escuelas y difusión pública en redes sociales, estas organizaciones están dispuestas a dar la pelea discursiva a quienes postulan la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Su objetivo es poner en blanco sobre negro la iniciativa en debate, cuyo eje central es permitir a la mujer interrumpir voluntariamente su embarazo hasta la semana 14 de gestación. Según quienes integran Unidad Provida, este proyecto apunta más bien a promover el aborto libre y no a atender el problema de la mortalidad materna.
“Si se aprobara cualquiera de las iniciativas que se presentaron a favor del aborto, una mujer sin ninguna causa grave real podría abortar, incluso en el último mes de embarazo, aun siendo menor de edad y sin que sus propios padres lleguen a saberlo”, advirtieron los integrantes de Frente Joven, impulsores e integrantes de Unidad Provida.
En este sentido, alertaron sobre dos de los artículos más polémicos de la iniciativa. El artículo 3, por caso, propone que “más allá del plazo establecido”, es decir, más allá de la semana 14 de gestación, la mujer puede abortar si el embarazo fuese producto de una violación; si estuviera en riesgo la vida o su salud “psíquica o social” o si existieren “malformaciones fetales graves”.
“Esto implica que una mujer puede abortar incluso hasta el noveno mes de embarazo por causales tan difusas como el ‘riesgo a la salud social’ de la mujer. Además, se permitiría abortar también, hasta el último mes de embarazo, bebes con síndrome de Down”, advirtió María Marta Rodríguez, de Frente Joven.
El otro artículo, el octavo, autoriza la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres adolescentes, entre los 13 y los 16 años de edad, sin el consentimiento de los padres, por considerar que cuentan “con aptitud y madurez suficientes para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento”.
Los integrantes de Unidad Provida ya lanzaron su plataforma web e iniciaron ya reuniones con los legisladores, con especial énfasis en aquellos que hoy están en duda. Según sus sondeos, hay 45 diputados que todavía no definieron postura.
