El arzobispo de Paraná (Entre Ríos), Juan Alberto Puiggiari, elaboró un protocolo de actuación para “prevenir y concientizar” sobre “la gravedad que revisten los abusos a menores de edad” y establecer ciertas normas a acatar frente a este tipo de denuncias.
Se trata de dos documentos sin precedentes en el país que Puiggari comentó durante la celebración religiosa por Semana Santa y que deberán ser cumplidos obligatoriamente por “todos los adultos que se desempeñen con menores en los espacios arquidiocesanos”. Es decir que incluye a clérigos, religiosos y laicos.
Tanto en las “Normas arquidiocesanas de comportamiento en el trato con menores de edad y adultos vulnerables” como en el “Protocolo arquidiocesano de actuación ante la sospecha o descubrimiento de abusos sexuales” se establecen reglas y prohibiciones para prevenir que se produzca un trato abusivo y para que la comunidad de la Iglesia sepa actuar ante una denuncia.
En el primero se incluyen reglas que prohíben a los religiosos, entre otras cosas, estar a solas con chicos, recorrer grandes distancias con ellos o mantener reuniones en dormitorios o habitaciones privadas. El reglamento prohíbe además los “castigos físicos o el uso de lenguaje humillante o degradante”; “realizar cualquier insinuación, comentario o chiste sexual”; “poseer o exhibir cualquier material sexual o pornográfico” y hasta consumir alcohol o drogas.
El reglamento sugiere “ejercer extrema prudencia en los medios audiovisuales que se utilicen” y evitar “expresiones de afecto exageradas” además de que naturalmente determina la prohibición de “involucrarse en conductas sexuales secretas o manifiestas con menores o adultos vulnerables”. La confesión también debe hacerse en lugares y horarios específicos y la puerta de la sacristía debe permanecer siempre abierta “asegurándose de alguna manera la posibilidad de ser vistos en todo momento”.
El documento prohíbe expresamente “dar o recibir regalos personales o desproporcionados” y cualquier tipo de contacto físico. En caso de que sea iniciado por el menor o adulto vulnerable, puntualizan, la respuesta “debe ser sobria, breve, apropiada y siempre en lugares públicos y delante de otras personas”, advierte el documento.
Por otro lado el arzobispado de Paraná estableció también la prohibición de “exigir secreto o confidencialidad a los menores” e indicó que las “comunicaciones virtuales” deberán ser siempre “prudentes y responsables”. Todas estas normas exigen a “clérigos y laicos actuar e intervenir cuando menores o adultos vulnerables requieran ser protegidos de daños o riesgos por abuso” e inmediatamente recurrir a su superior en busca de ayuda.
El protocolo de actuación ante una denuncia o sospecha de un abuso, en tanto, imita al protocolo que ya estableció el Vaticano al respecto y subraya que “todos tienen la responsabilidad de proteger a los menores o adultos vulnerables”, incluyendo a “quienes trabajen en ámbitos eclesiales”.
En rigor, lo que indica el protocolo es que si es el mismo menor o adulto vulnerable que alega los hechos, quien reciba la información “deberá escucharlo sin interrogarlo ni emitir juicios, agradecerle su confianza y valentía y explicarle que la información será tratada con gran cuidado y discreción, tomando nota de lo conversado”. Además “deberá inmediatamente poner la noticia en conocimiento de superiores y de los padres, tutores, curadores o apoyos”.
En tanto, la autoridad eclesiástica que recibe la noticia deberá “entrevistarse con los padres, tutores, curadores o apoyos”, lo que deberá quedar registrado en un acta firmada por los presentes y tendrá 48 horas para “comunicar al arzobispo la situación planteada” para iniciar una investigación preliminar. Por último, se indica que “se apartará al acusado de sus oficios” -aunque, aclaran, esto no implica la “admisión de culpabilidad”- y la inmediata “ayuda espiritual y/o psicológica” para la víctima.
Aunque la Conferencia Episcopal Argentina había ya presentado un protocolo nacional ante denuncias de abuso contra un clérigo, elaborado por la Facultad de Derecho Canónico de la UCA y especialistas en derecho penal y civil y psicología en 2015, nunca se habían difundido normas para la prevención como hizo el arzobispado de Paraná, que en los últimos años se vio salpicado por una serie de denuncias. El caso del cura Justo José Ilarraz, por ejemplo, acusado de abusos entre 1985 y 1993, que será juzgado a partir del 16 de abril.
