El debate en comisión sobre el aborto empieza el martes.
El Congreso atravesará una semana que quedará en los libros de historia. El martes comenzará formalmente en comisión el debate por la despenalización del aborto, que pese a haber sido planteado reiteradas veces por un sector minoritario, es la primera vez que el trámite legislativo llega tan lejos y con una buena cuota de apoyo político y social, aunque puede que no sea suficiente.
Será un proceso largo y se prevé que el proyecto llegue al recinto de la Cámara de Diputados recién en junio, según se acordó en el plenario de comisiones de mediados de marzo, donde se estableció cómo iba a ser la modalidad del debate. Es que desde el martes las comisiones escucharán cientos de argumentos a favor y en contra por parte de expertos en salud y de representantes de organizaciones sociales, entre otros. Ya hay anotados casi mil expositores, que hablarán ante los legisladores los martes y los jueves, desde las 9.30 hasta las 18.
El tratamiento estará dirigido por la Comisión de Legislación General, que preside el macrista Daniel Lipovetzky (Pro) y tendrá intervención de las comisiones de Salud (Carmen Polledo), Legislación Penal (Gabriela Burgos) y Familia (Alejandra Martínez), todas oficialistas.
El tratamiento aún no comenzó, pero ya hay quejas. El tiempo que llevará el debate en comisión (se prevé que sean unas seis semanas) ya provocó los cuestionamientos de sectores de izquierda, por ejemplo, que sugirieron que todo se trata de una maniobra para demorar la discusión, cuyo proyecto más significativo fue presentado por primera vez hace doce años.
Pero la sensibilidad ante la discusión no será exclusiva de un solo sector. El debate por la interrupción voluntaria del embarazo genera fisuras en la mayoría de los espacios políticos. Hay legisladores de Cambiemos que están en contra de la despenalización, como Elisa Carrió y Cornelia Schmidt, y otros que incluso presentaron sus propios proyectos (entre los ocho que se tendrán en cuenta) que no tienen grandes diferencias con el proyecto mayor, como Sergio Wisky y Marcelo Wechsler.
El presidente Mauricio Macri , por caso, ya dijo públicamente que no apoya la iniciativa, aunque brindó el visto bueno para que sea debatido en el parlamento.
El tratamiento estará acompañado desde afuera por dos manifestaciones. Habrá un “pañuelazo” a favor de la interrupción del embarazo y un “banderazo” en contra (ver aparte).
El proyecto se topará con su mayor desafío al llegar al recinto, donde la paridad numérica entre los que están a favor y en contra prometen una votación cerrada. Según la planilla colaborativa de la organización Economía Femini(s)ta, que defiende la despenalización, actualmente hay 98 diputados a favor contra 110 que votarían en contra.
De todas maneras, de los 257 diputados, todavía falta información sobre la postura de 49 para completar la cámara, un número de indecisos que determinará la votación. En caso de superar la instancia en Diputados, el proyecto la tendrá más difícil en la Cámara alta. En el Senado, siempre según el registro de la organización, hoy hay 16 legisladores a favor y 27 que se oponen. De los 72 senadores que componen la cámara falta información sobre 29.
Qué se debatirá
La iniciativa que cuenta con más apoyos fue elaborada por la Campaña por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito y una de las primeras firmantes es la diputada Victoria Donda (Libres del Sur), seguida por otras 70 firmas de todos los colores políticos.
La iniciativa prevé una reforma del Código Penal para despenalizar el aborto antes de que se cumplan las 14 semanas de gestación, establece que “toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo” y dispone de un plazo de cinco días para que se practique el aborto después del requerimiento de la mujer, que deberá expresar su consentimiento por escrito.
El proyecto, cuyos impulsores y defensores se identifican con pañuelos verdes, también establece que no se requerirá intervención judicial para autorizar la práctica del aborto y obliga al sector público de salud, a las obras sociales, a las prepagas y a todo servicio médico-asistencial a incorporar todas aquellas prestaciones necesarias para poder brindar el servicio.
Asimismo, el texto también contempla que el requerimiento para abortar puede ser presentado cuando el embarazo fue producto de una violación, cuando corre riesgo la salud de la mujer o si el feto tiene deformaciones graves.
Además, el aborto podrá practicarse en una menor (entre 13 y 16) si la mujer presta consentimiento. Si es menor a 13 años, el progenitor o representante legal deberá ser quien presente la solicitud.
