La causa no tuvo avances durante 8 años, hasta que recayó en la Justicia federal. El celular de la víctima, a disposición de la justicia desde 2009, se encendió recién este año.
“Estoy esperando el colectivo. ¿Cómo andás? ¿Fuiste a la escuela?”. Natalia Acosta está parada en la esquina de 25 de Mayo y Suipacha, en pleno centro santafesino. Desde hace tiempo ejerce la prostitución en esa esquina. Antes pasó por El Stud, uno de los locales que la Municipalidad de Santa Fe promociona en su folletería oficial bajo el rubro “diversión”. Tiene 21 años y es el sostén económico de su pareja, que no tiene trabajo y se refugia en la casa en la que conviven, por problemas con la ley. Sufre de su parte agresiones verbales y físicas. Sus dos hermanos están detenidos por un asalto en la localidad de Fuentes, departamento San Lorenzo, del que también formó parte su novio. Una amiga dice que “trabaja mucho, demasiado, un cliente detrás del otro”. Los abogados no son baratos y su familia los necesita. A la madrugada, aún extenuada, Natalia logra sustraerse de ese contexto para preguntarle a su hermana menor si fue a la escuela. No le gusta que falte, que no haga la tarea. Es su debilidad. El mensaje de texto lo envía el viernes 29 de mayo de 2009, a las 4.17 de la mañana. Es lo último que se sabe de ella.
La causa
El primer juez que intervino fue Darío Sánchez, por “averiguación de paradero”. Un par de meses después, la familia de Natalia interpuso una denuncia por trata. Es decir que a la investigación de Sánchez, en la justicia provincial, se sumó la de Cintia Gómez, en el fuero federal, quien le dio una activa participación a la División de Trata, de la Policía de la provincia de Santa Fe.
Natalia ejercía la prostitución desde hacía tiempo. Había pasado por El Stud, cuyo dueño aceptó una condena de 4 años por promoción y facilitamiento de la prostitución. “Íbamos cualquier día de la semana, hacíamos vender unas copas y después íbamos con los clientes a un hotel ubicado en la esquina de 25 de Mayo e Irigoyen Freyre”, declaró una compañera. Luego, en la calle. La contactaban por celular y acordaba el lugar del encuentro. Por situaciones de violencia que había vivido evitaba los domicilios particulares. Uno de los primeros lugares allanados tras su desaparición fue una vivienda de calle Cochabamba al 4100, en la que había pasado por esa situación. No se encontraron rastros de ella.
La “pista Místico” no la inició la Justicia, sino la propia Policía. Eso derivó en la declaración de Juan Carlos Cisneros, uno de los dueños del local, y de Osvaldo Cerri. Ambos, en calidad de testigos. Cerri sostuvo que “llevaba chicas” y que su vinculación con el club nocturno era Marcelo Boscarol, apellido relacionado a la política local. Uno de sus hermanos, Darío, actual vicepresidente de Aguas Santafesinas, votó en contra, como diputado por la Unión Cívica Radical, de una ley que proponía la erradicación de cabarets y whiskerías en todo el territorio provincial. Cuando le preguntaron por Natalia y le mostraron su foto, Cerri contestó: “Pude haber hablado con ella, como con muchas otras personas”. Cisneros confirmó que sus socios eran Marcelo Boscarol y Oscar Burtnik, en ese momento asesor de Utedyc y dirigente de Unión, hoy vocal de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Penal. Y sobre Cerri, precisó: “Si bien me ofrece femeninas para trabajar en el local, nosotros nos reservamos el derecho de contratarlas. Si en algún momento el local necesitaba bailarinas, lo podíamos consultar, ya que él conocía algunas chicas que necesitaban trabajar”.
El juez Sánchez y la fiscal Gómez tuvieron esas declaraciones en sus manos. Sin embargo, entendieron que no había elementos para profundizar sobre Místico. En uno de sus dictámenes el actual fiscal de la causa, Walter Rodríguez, sostuvo que “es inconcebible que no se haya profundizado al respecto”, ya que Cerri “brindó una versión plagada de inconsistencias y contradicciones, entrecruzadas con un parcial reconocimiento de su participación en el hecho investigado” por lo que “hubiese merecido un tratamiento procesal distinto al adoptado por la entonces fiscal Cintia Gómez”. “No puedo dejar de mencionar una situación central que pasó misteriosamente inadvertido para quien dirigía la investigación, cual es el expreso reconocimiento de Cerri en punto al traslado de femeninas en su vehículo particular, cuestión que hubiese merecido según mi criterio la modificación del tenor procesal bajo el cual se recibió su testimonio”, enfatizó en su escrito.
Tampoco les pareció sospechoso que Cerri pudiera precisar dónde había estado el día de la desaparición de Natalia, pero no pudiera decir cuál era la patente de su auto y se negara a dar su domicilio, para dar el de un estudio jurídico, que negó conocerlo. Ni que al momento de hacer su declaración, Cisneros, ofuscado por la citación que había recibido, dijera “yo voy a llamar a quien tiene que dar explicaciones”, delante de la policía, y allí mismo se comunicara telefónicamente con Cerri.
No son esas, sin embargo, las mayores omisiones cometidas por los funcionarios judiciales. La Policía pidió un detalle de las llamadas entrantes y salientes del celular de Cerri. Gómez y Sánchez tuvieron esa información a disposición, pero jamás entrecruzaron esos datos con los del celular de Natalia. Si lo hicieron, no vieron, o prefirieron no ver, una información relevante: ambos celulares se activaron en la misma zona horaria y geográfica la noche de la desaparición. Natalia efectuó una llamada a las 3:08 del 29 de mayo de 2009, que fue captada por la antena ubicada en Santiago del Estero 2645. Cerri recibió una llamada a las 3:20 que abrió la antena situada en calle Crespo 3346. ¿La distancia entre las antenas? Apenas diez cuadras. El dato desnuda otra falencia en las pesquisas judiciales: Cerri sostuvo que ese día viajó a Angélica, para visitar a su madre. Su celular, no obstante, lo ubica en la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, nunca volvieron a citarlo.
Cuando todo indicaba que se debía profundizar la investigación sobre Cerri, la fiscal Gómez eligió otras hipótesis y envió efectivos a provincias limítrofes. No se encontró ninguna información relevante. Para el fiscal Rodríguez, que tiene a su cargo hoy la causa, “la familia Acosta estuvo privada del derecho a contar con una investigación seria” y lo que hubo, en cambio, fue “una pesquisa formal plagada de medidas probatorias carentes de profundidad y dispuestas respecto de un universo llamativamente acotado”. Este última frase es contundente: ese “universo acotado” excluyó, específicamente, la pista Místico.
Esta decisión, de no profundizar sobre el cabaret que el propio municipio promocionaba a través de la folletería oficial, con apellidos vinculados al poder político y judicial como propietarios, también había sido denunciada por el ex defensor general de la provincia Gabriel Ganón. “La pista Místico fue sugestivamente abandonada por los investigadores. Tampoco se investigó a Cerri, que la llevaba (a Natalia) a hacer copas al lugar”, expresó. Ganón fue destituido de su cargo tiempo después. Uno de los que impulsó su remoción fue el diputado por la UCR Alejandro Boscarol, hermano de Marcelo, dueño de Místico.
En 2016, Sánchez, que aún tenía la causa por “averiguación de paradero”, la derivó a la Justicia federal. El ex fiscal, Claudio Kishimoto, se declaró incompetente. La Corte Suprema sostuvo lo contrario. Kishimoto se fue y se produjo el regreso a la Fiscalía Federal N° 2 de Santa Fe de Rodríguez, tras su paso por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. En apenas un año la causa avanzó como nunca antes. Se volvió a investigar a Cerri. Un dato convenció aun más a los investigadores sobre el rumbo que habían decidido tomar. Al momento de citar a una mujer a declarar, la gendarme que la notificó la notó nerviosa. Le mencionó la causa, tal como corresponde, pero nunca a Cerri. Cuando la gendarme se fue, la mujer inmediatamente se comunicó con él, que ya tenía el teléfono intervenido. Textualmente, le dijo: “Yo necesito charlar con vos, porque tengo una citación, quiero hablar personalmente con vos, porque me parece que puede ser, algo que es tuyo, no mío”.
En la causa logró acreditarse que Cerri irrumpió en la vida de Natalia en las semanas previas a su desaparición y que concurrió junto con él a Místico la noche previa al hecho. Natalia se refirió a él, en conversaciones con su círculo más cercano, como “un gil” que la había llevado al local nocturno para que lo conociera y que quería que trabajara ahí. Una amiga sostuvo que Cerri sabía que Natalia “trabajaba bien, que tenía muchos clientes” y que por eso se acercó.
Cerri fue procesado y el juez federal Francisco Miño le dictó prisión preventiva. Su casa, ubicada en General Paz al 7300, fue allanada. La fiscalía confirmó que dos perros afectados a las tareas de búsqueda “tuvieron comportamientos indicadores –no determinantes ni concluyentes– compatibles con la presencia de restos o rastros humanos” en el patio de su domicilio. El Equipo Argentino de Antropología Forense trabajará en el lugar.
El celular de Natalia
El último registro telefónico de Natalia son una serie de mensajes que intercambió con su hermana, Carmela, entre las 4.14 y las 4.17 del 29 de mayo de 2009. A las 11.34 el celular se activó otra vez y abrió una antena ubicada en Callejón el Sable, a 500 metros de Aristóbulo del Valle. La persona que tenía el celular sostuvo que lo había comprado “en el Mercado de Abasto, por 30 pesos”. Esto indica que, entre las 4.17 y las 11.34 Natalia fue despojada de sus pertenencias. Esta persona fue llevada a juicio. A diferencia de lo que ocurría con Cerri, no había muchos más elementos que el celular para avanzar contra él. El final, cantado: sobreseimiento.
El teléfono de Natalia fue recuperado el 4 de julio de 2009. Desde ese día está a disposición de la Justicia. Cuando se hizo cargo de la investigación, el fiscal Rodríguez comprobó que, según el expediente, el celular nunca había sido encendido. Llamó a un técnico para que trabaje sobre él. Supuso que podía llevar un tiempo y que, aún así, quizás no podría solucionar el inconveniente. En el primer intento, sin ninguna destreza extraordinaria, sin ninguna herramienta tecnológica avanzada, ocho años después del inicio de la causa, ocho años después de estar en manos de la justicia, el celular encendió. La realidad es que nunca habían intentado hacerlo.
El poder detrás de Místico
Los dueños de Místico eran Juan Carlos Cisneros, actualmente condenado por el delito de promoción y facilitamiento de la prostitución, precisamente en ese local, Marcelo Boscarol y Oscar Burtnik. Al menos así lo contó Cisneros, en su primera declaración, en 2009, y en la última, en 2017.
Boscarol es hermano del diputado radical Alejandro Boscarol y del también ex diputado radical Darío Boscarol, actual vicepresidente de Aguas Santafesinas SA. Ingresó al Honorable Concejo Municipal el 1° de abril de 2012, según puede leerse en el decreto 7796, firmado por Leonardo Simoniello y Leandro González, como “personal político”.
En noviembre de 2013, según se desprende de su legajo, su contribución al cuerpo legislativo lo hizo merecedor de un ascenso. A partir del 11 de de ese mes, el decreto 8050 precisa que “resulta imprescindible realizar una reestructuración orgánica funcional por el cual deberá modificarse la retribución que percibe Marcelo Boscarol”, que pasó a la categoría 21.
De la documentación se desprende que Boscarol cumplió funciones allí hasta el 31 de julio de 2016. Su baja está fechada, casualmente, 13 días antes del allanamiento que terminó con la actividad de Místico.
Burtnik, por su parte, es actualmente vocal de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe. Fue dirigente de Unión durante el último tramo de la gestión de Ángel Malvicino (hasta 2007) y en los primeros tres años de la gestión de Luis Spahn (2009/12). Fue asesor de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) en Santa Fe.
Concursó su actual cargo a fines de 2012. Quedó sexto, detrás de Carlos Alberto Carbone (hoy vocal de la Cámara Penal de Rosario), Fernando Ferrer (se lo rechazó por haber sido juez de la dictadura) y Martha Feijóo y Jaquelina Balangione, quienes asumieron como juezas de la Cámara Penal de Santa Fe, tal como precisa esta nota publicada en abril de 2014 por Juan Carlos Tizziani en Rosario 12.
En quinto lugar quedó Juan Carlos Curto. Pero su ascenso a camarista se vio frustrado por una “severa recomendación” de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, por lo que el entonces gobernador, Antonio Bonfatti, decidió no enviar su pliego a la Asamblea Legislativa y propuso en su reemplazo a quien lo seguía en la lista: Burtnik. Bonfatti dijo que Curto “ha demostrado ser, a nivel técnico jurídico, una persona idónea”, pero aclaró que su “perfil” no se ajusta al que pretende para el nuevo sistema penal, que exige una “profesionalidad superior”.
Autor: Nicolás Lovaisa
