Mientras corre la cuenta regresiva hacia la sesión de pasado mañana y el Gobierno se apresta a hacer sus últimos movimientos para evitar la derrota legislativa, la oposición ya tendría asegurados los votos para sancionar en el Senado el proyecto de ley que limita a la variación de los salarios y retrotrae a los valores de noviembre las tarifas de los servicios públicos .
Por el momento, la iniciativa aprobada en Diputados hace más de dos semanas reúne el apoyo de 40 senadores, resultado de la unión de fuerzas del bloque peronista que conduce Miguel Pichetto (Río Negro) y del kirchnerismo, a quienes se sumarían los santiagueños que responden al gobernador Gerardo Zamora y otros bloques menores.
La cifra es importante, pero Pichetto busca fortalecerla para evitar sorpresas, ya que se encuentra muy cerca del límite de 37 senadores que aseguran el quorum para poder habilitar la sesión y mantenerla con vida hasta el momento de votar, y la mayoría absoluta que le garantizaría a la oposición imponer su postura.
A socavar esta todavía endeble mayoría es adonde apuntará el Gobierno en sus esfuerzos por evitar la derrota política que implicará para Mauricio Macri tener que firmar el veto a una ley de corte populista.
Es que, por el momento, el camino de las negociaciones con el oficialismo está cerrado como consecuencia de la molestia de Pichetto con la actitud de la Casa Rosada, que apostó a restarle fuerzas a su bancada antes que a abrir una negociación pública e institucional.
“El lunes vamos a retomar las negociaciones. Desde el martes estamos sin contacto”, reconoció uno de los referentes legislativos de Cambiemos que suele participar de las conversaciones políticas con el PJ en el Senado. Pero Pichetto se mantiene firme. “Con este proyecto que vamos a votar estamos enviando un mensaje al Gobierno”, aseveró.
La estrategia del Poder Ejecutivo, ejecutada por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, le permitió al oficialismo ilusionarse con la idea de frustrar la ofensiva opositora. A punto estuvo de lograrlo mediante un movimiento de pinzas que implicó el rechazo al proyecto opositor de los gobernadores Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey y la presión sobre varios senadores para que no acompañaran el dictamen el martes pasado.
Ese día, cuatro senadores del Bloque Justicialista mantuvieron en vilo a casi todo el arco opositor. Sin embargo, y como corolario de nerviosos cabildeos en varios despachos del PJ, Rodolfo Urtubey (Salta), Dalmacio Mera (Catamarca), Carlos Espínola (Corrientes) y Guillermo Snopek (Jujuy) firmaron en disidencia parcial el despacho y le dieron luz verde al proyecto para su debate en el recinto.
Las luces de alerta se encendieron en el tablero peronista cuando, poco después de estampar su rúbrica, desde usinas ligadas al gobernador Urtubey y a Frigerio se hizo circular un breve comunicado en el que se aseguraba que los cuatro legisladores no iban a votar la iniciativa, lo que hubiese puesto en peligro la mayoría que necesita la oposición para sancionar la ley.
Ese panorama cambió. Menos de 48 horas después, el jueves último, Espínola salió a aclarar que votará “como lo haga” su bloque y que firmó en disidencia porque quería que el proyecto “incluya que la provincia de Buenos Aires y la Capital se hagan cargo de las prestadoras de servicios públicos”. Snopek y Mera seguirían el mismo camino, aseguran fuentes peronistas del Senado. Rodolfo Urtubey quedaría así en soledad, en solidaridad con la postura de su hermano. Con esos tres peronistas de vuelta en el redil, la oposición estaría alcanzando los 40 votos y obligando al Gobierno a buscar nuevos lugares donde abrir una grieta en el frente opositor. Todas las miradas se vuelven hacia Zamora y los tres senadores que le responden. Tampoco hay que descartar un pedido de ayuda a Carlos Menem, quien nunca votó ningún proyecto que hiciera daño a algún gobierno. Pero todo indica que el Gobierno está ante una misión imposible.
