Un hombre fue detenido en Calchaquí, tras la investigación que se sigue por la sospecha de reiterados abusos sexuales a sus hijas. Los investigadores sospechan que producto de estos abusos habrían nacido siete hijos. También quedó en prisión su concubina.
La terrorífica historia salió a la luz tras la denuncia anónima que se realizó en el mes de marzo, a la línea gratuita 144 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Allí se alertaba sobre ciertos abusos a los cuales estarían siendo sometidas las hijas de este hombre, quien vivía con su concubina y numerosas personas más, en un rancho ubicado a unos diez kilómetros del casco urbano, en el barrio aborígen de Calchaquí.
Inmediatamente se dio aviso a la comisaria de la Mujer de dicha ciudad, alertando también a las autoridades judiciales. A partir de allí intervino también la Agencia Provincial de Investigación sobre Trata de Personas de la ciudad de Reconquista y la Subsecretaría de Niñez de Vera.
Tras las investigaciones llevadas adelante por la Fiscalía de Vera, a cargo en este caso del Dr. Martín Gauna Chapero, se procedió a la detención de Miguel G., a quien se lo acusa de abuso sexual agravado por el vínculo y por ser el guardador de las víctimas, una de las cuáles, además, se encuentra embarazada y de Ana María V., su concubina, a quien se le imputa el delito de encubrimiento.
El juez de Instrucción Penal Preparatoria, Gustavo Gon, resolvió en la audiencia de medida cautelar, dictar la prisión preventiva de la pareja por un mínimo de 10 meses y dispuso que quedaran alojados en la Alcaidía de la Unidad Regional XIX.
Se solicitaron pruebas de ADN de menores y se está investigando también, si la mujer de Miguel, inscribía como propios los niños que nacían fruto de las relaciones incestuosas de su concubino.
Los hechos
Los ilícitos que investiga el fiscal Gauna Chapero fueron cometidos desde el año 2002 hasta la actualidad en una vivienda ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de Calchaquí, en el denominado barrio Aborigen. “Los dos imputados se unieron en pareja en 1991. Fruto de esa relación nacieron cuatro hijos, con quienes convivían en la misma casa. También vivían en el mismo lugar una hija y un hijo que había tenido la mujer en una relación anterior”, aclaró el fiscal.
“Durante la convivencia, resultaron víctimas una hija biológica de los dos imputados y la hija mujer de la imputada. Las dos víctimas padecen sendos retrasos mentales madurativos moderados y fueron abusadas cuando eran menores de edad y también luego de cumplir los 18 años”, agregó el fiscal. “Como resultado de los abusos, nacieron siete personas y una de las víctimas está embarazada en la actualidad. Es decir, el imputado tuvo siete hijos con su hija y con su hijastra, y se espera el nacimiento de un octavo bebé”, aclaró.
Gauna Chapero manifestó que “los abusos se concretaron en reiteradas oportunidades y presumiblemente con la misma modalidad. Siempre fueron abusando de una relación de dependencia, de autoridad y de poder, y se concretaron con el consentimiento y cooperación de la mujer”. El fiscal también indicó que “a raíz de los retrasos mentales que padecen las dos víctimas, no podían consentir libremente las relaciones sexuales”.
El fiscal del MPA también hizo hincapié en que “paralelamente a los abusos, el accionar consciente y voluntario descripto por los imputados (con indiscutible capacidad corruptora) estaban dirigidos a promover la corrupción de las dos víctimas en virtud del despertar prematuro, perverso o excesivo de sus instintos sexuales, capaces de producir una alteración en su normal percepción y desarrollo sexual”.
Denuncia
Gauna Chapero detalló que “la investigación se inició a raíz de una denuncia radicada en el MPA por una Fundación a la que las víctimas llevaron a sus hijos para que reciban atención a raíz del bajo peso de los niños”. En tal sentido, agregó que “se trata de un caso en el que media el interés público y motivos de seguridad como para que la promoción de la acción penal sea de oficio, en tanto resulta conveniente para el interés de las víctimas”.
“Las mujeres son mayores incapaces y los sindicados como autores son sus propios guardadores, por lo que existen intereses gravemente contrapuestos. Por eso es que la ley autoriza al MPA a instar la acción penal en su rol tutelar, ante la inacción de los representantes legales”.
