Pese a la resistencia del oficialismo, las distintas vertientes del peronismo, junto con la izquierda, aprobaron la iniciativa que busca acotar la suba de los servicios a la evolución de los salarios; el Gobierno anticipó que lo vetará.
Con el voto de todas las vertientes de la oposición, la Cámara de Diputados aprobó ayer y giró al Senado el proyecto de ley que limita los aumentos de tarifas de servicios públicos.
En una sesión signada por las noticias que llegaban sobre las negociaciones con el FMI y por las protestas que se desarrollaban en las puertas del Congreso, la iniciativa obtuvo 133 votos a favor y 94 en contra, mientras que tres diputados del bloque de Martín Lousteau se abstuvieron.
La cifra muestra la cohesión que generó el proyecto entre los opositores, en una actitud calificada por el oficialismo como “demagógica”. Mientras que el jefe de los senadores del PJ, Miguel Pichetto , anticipó ayer que la Cámara alta podría avanzar en la sanción definitiva en dos o tres semanas, el oficialismo ratificó que el Presidente tiene previsto vetar la iniciativa.
“Los autores ideológicos del proyecto son los que nos llevaron a esta situación catastrófica”, sostuvo en el inicio del debate el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (Pro). “Básicamente, el proyecto es volver al pasado, es congelar las tarifas en términos reales, es una versión aggiornada de la iniciativa que presentó Cristina Fernández de Kirchner en el Senado”, dijo, en un intento de acorralar al peronismo no kirchnerista.
Pasadas las 23.30, después de diez horas de debate, Mario Negri reforzó el mensaje. “Si a lo mejor no hubiesen destruido el Indec, ni gastado la plata de la Anses en el Fútbol para Todos (FPT), enamorados de una Argentina que se perdía en lo más profundo del mundo, a lo mejor hoy no estábamos con este problema”, afirmó.
Minutos antes había hablado el jefe de la bancada del FPV, Agustín Rossi : “El Presidente tiene que pensar bien qué va a hacer, porque la gente está enojada. Cuando vayan a timbrear escuchen lo que dice la gente, el pueblo está enojado, angustiado, preocupado, y ustedes aparecen como insensibles soberbios que tienen un único camino”.
Máximo Kirchner y Rossi, con tarifas en las manos durante el debate Máximo Kirchner y Rossi, con tarifas en las manos durante el debate Crédito: Ricardo Pristupluk
El Bloque Justicialista y el Frente Renovador, autores del texto final de la iniciativa, también rechazaron los cuestionamientos. “No admito que nadie hable de irresponsabilidad de la oposición. Después de mantener una política financiera vulnerable y riesgosa no se puede hablar de irresponsabilidad. ¡Es un chiste!”, replicó el massista Felipe Solá sobre el final de la sesión.
Pablo Kosiner, presidente del Bloque Justicialista, se preguntó: “Cambian las metas de inflación, de inversión y del dólar, ¿por qué no se pueden cambiar las metas tarifarias que tienen que ver con el bolsillo de los argentinos?”. Pero enseguida tendió un puente: “Le pido al Presidente que no piense tanto en el veto. Tiene la oportunidad de seguir convocando a resolver el problema”.
De acuerdo con los cálculos del oficialismo el impacto fiscal de la reforma es de casi 80.000 millones de pesos en un año, mientras que la oposición sostuvo que rondará los 26.000 millones de pesos. La diferencia se explica en parte por los cambios de último momento, que moderaron la iniciativa.
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El proyecto declara la emergencia tarifaria en materia de servicios públicos hasta el 31 de diciembre de 2019. Hasta ese momento y en forma retroactiva desde el 1° de noviembre de 2017, las tarifas no pueden aumentar por encima del Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Para las Mipymes y las empresas recuperadas, los aumentos no podrán superar el índice de precios al por mayor (IPIM).
Como los incrementos de los últimos meses fueron en promedio mayores al 70 por ciento en gas y electricidad, y superiores al 25 por ciento en agua, la iniciativa prevé que, desde la sanción de la ley, las empresas distribuidoras tendrán un plazo de 60 días para acreditar la diferencia a favor de los usuarios beneficiados por la norma.
La última versión del proyecto excluyó del beneficio en gas y electricidad a los sectores de mayores ingresos, discriminados de acuerdo con sus niveles de consumo. Quedarán fuera del techo de aumentos los que consuman más de 600 kilovatios de electricidad y 143 metros cúbicos de gas por mes.
La iniciativa avanza también en la formalización del régimen de tarifa social, que hoy existe pero no está reconocido por ley. El proyecto propone además duplicar el monto subsidiado (de 150 a 300 kilovatios por mes) e incluir en ese régimen a los clubes de barrios. A último momento y ante las críticas del oficialismo, se incorporó un artículo para incluir dentro del paraguas de la nueva ley a las garrafas de gas licuado, cuya evolución tampoco podrá superar el CVS.
Sin desbordes como los de diciembre, el proyecto se discutió en un clima tenso, con la presencia de una decena de intendentes del PJ y del dirigente camionero Pablo Moyano. Una ausencia de peso durante toda la discusión sobre tarifas fue la de Elisa Carrió, que se retiró después de la aprobación de la ley de defensa de la competencia.
Al abrir el debate, Diego Bossio (Bloque Justicialista) argumentó que entre 2016 y 2017 los salarios crecieron 63%, mientras que las tarifas de gas lo hicieron 927%, y las de electricidad, 920%. “¿No es momento de que paremos la pelota y podamos ponernos en el zapato del otro?”, se preguntó. En la misma línea, Leonardo Grosso (Movimiento Evita) denunció contradicciones del Gobierno. “No se les ocurrió hablar de responsabilidad cuando le perdonaron 70.000 millones al padre del Presidente, o cuando les perdonaron 20.000 millones a las eléctricas”, se quejó.
