El organismo lo propuso en su informe de 2017 como receta para disminuir costos; el Gobierno quiere ahora bajar indemnizaciones.
Si bien todavía se desconocen los alcances de la negociación que está en curso entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) , un informe del organismo del 29 de diciembre de 2017 sirve como hoja de ruta de lo que podría suceder en el ámbito laboral.
Entre una serie de sugerencias para “incrementar la competitividad” y configurar un mercado laboral “más flexible”, el FMI consideró necesario que la gestión de Mauricio Macri avance en cambios en lo relativo a las indemnizaciones (“son elevadas”, argumenta) y que limite la extensión de cobertura de los convenios colectivos (“son un problema”) únicamente para el personal sindicalizado. También insistió en disminuir las contribuciones patronales.
En el informe, que tiene 83 páginas, el FMI puntualizó la necesidad de “simplificar los procedimientos de los despidos colectivos” y “disminuir el nivel de las indemnizaciones”. Consideró oportuno reducir el empleo público para bajar el déficit fiscal y hasta sugirió ampliar la cobertura del impuesto a las ganancias. Y señaló que al salario mínimo, al que identificó como una referencia para el sector informal, sería conveniente indexarlo a la inflación para fomentar el ingreso al trabajo formal. De prosperar esta medida, desaparecería el Consejo del Salario, que fija el aumento anual del sueldo básico y en el que participan el Estado, los gremios y los empresarios.
Otro dato que no es menor tras la devaluación del peso de las últimas semanas: en diciembre, el FMI juzgaba que la moneda argentina estaba sobrevaluada entre un 10 y un 25 por ciento.
El Gobierno, en su proyecto de reforma laboral que envió al Congreso el 27 de abril pasado, incluyó dos puntos que irían en línea con las sugerencias del Fondo: disminuir el costo de las indemnizaciones y fomentar las pasantías como otra opción de mano de obra.
Propuso excluir del cálculo indemnizatorio “el sueldo anual complementario, los premios y/o bonificaciones, y toda compensación y/o reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador”. En cuanto al sistema de prácticas formativas, que suplantaría a las pasantías, la iniciativa oficial impulsa una “asignación estímulo no remunerativa en lugar del salario, aunque establece que todos los beneficiarios estén bajo convenio colectivo.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, negó que el proyecto oficial haya sufrido alteraciones con respecto al que se debatió con la CGT el año pasado. Sin embargo, desde la cúpula de la central obrera sostuvieron lo contrario. “Se había acordado avanzar con blanqueo laboral y con la agencia de tecnología médica. Nada más”, dijo un sindicalista de peso que mantiene buen diálogo con la Casa Rosada.
Héctor Daer, integrante del triunvirato de mando de la CGT, rechazó la negociación con el FMI. “Va a pedir que vengan por los convenios colectivos. Lo que viene ahora es el ajuste”, dijo en un plenario de delegados de Sanidad. Pablo Moyano, rival de Daer en la interna cegetista, promueve un acto para el 25 del actual en rechazo a la negociación con el FMI. También empuja un paro por la suba de las tarifas. Todos podrían confluir.
