Lo hizo al defender el proyecto que busca desfederalizar el combate a las drogas, lo que le daría injerencia a los fiscales y policías provinciales.
El gobernador Miguel Lifschitz aseguró ayer que su gobierno “no va a criminalizar la pobreza” con el proyecto que busca avanzar en la desfederalización del combate a la venta de drogas y que el narcomenudeo pueda ser investigado por los fiscales provinciales. En tal sentido, destacó que el objetivo de la iniciativa “no es perseguir al chiquito que trabaja en un búnker, sino a las organizaciones delictivas que no sólo se dedican al tráfico de droga en los barrios corrompiendo la juventud sino que además ejercitan la violencia”.
El gobernador no solo puso de relieve la importancia de avanzar desde la provincia en el combate al narcomenudeo, sino que también destacó la coordinación y trabajo conjunto que se viene haciendo con el Ejecutivo nacional. “Avanzamos mucho en estos dos años y creo que de aprobarse la ley de narcomenudeo, nos va a dar más poder de intervención”, estimó sobre el alcance que podría tener la sanción de una norma de estas características.
Desde algunos sectores políticos y del Poder Judicial provincial existen resistencias a la transferencia de competencias actualmente bajo la órbita del fuero federal. Se señala que, de mínima, debería venir acompañada con un esquema de financiamiento y recursos humanos para atender el potencial crecimiento de litigiosidad.
No obstante, Lifschitz consideró que actualmente en la provincia “hay más de 70 fiscales con capacidad de intervención en este tipo de delitos, mientras que el fuero federal en Rosario hoy sólo cuenta con dos o tres”.
“El único cambio que propone la ley es habilitar a los fiscales provinciales en los casos de narcomenudeo a que persigan a las organizaciones que se dedican a la venta al por menor de drogas”, explicó.
“La cuestión es buscar la criminalidad en el negocio del narcomenudeo, porque son estos grupos los que cometen otros tipos de delitos violentos como usurpaciones, robos, hurtos de automóviles, pero su negocio principal es la venta de drogas, por eso hay que apuntar ahí”, señaló.
En tal sentido, remarcó enfático que sancionar una ley de este tipo “no es criminalizar la pobreza”, y agregó que el objetivo no apunta “al chiquito que trabaja en un búnker o al que compra droga para distribuirla a sus amigos. No buscamos a ellos, el objetivo es apuntar a las organizaciones delictivas que no sólo se dedican al tráfico de droga en los barrios corrompiendo la juventud sino que además ejercitan la violencia”, aseguró.
Gendarmes
Por otra parte, explicó que “por una cuestión de logística” se retrasó para pasado mañana la llegada de los 300 gendarmes, que estaba previsto que lo hicieran ayer por la tarde. Dijo que el refuerzo de las fuerzas federales para Rosario lo selló hace un mes con la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. Otros 180 ya se establecieron en la capital provincial.
Los gendarmes se quedarán por tres meses y realizarán tareas de apoyo en las zonas sur y oeste de la ciudad.
En otro orden, al ser consultado sobre la reunión que mantuvo el lunes pasado con el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, aseguró que “no hay definiciones del gobierno de cuales van a ser los objetivos del posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), está todo muy en borrador todavía, siempre estamos dispuestos a dialogar sobre la base de discutir integralmente”.
