Diversas iniciativas legislativas buscan echar luz sobre la utilización de plaguicidas y el impacto sobre la salud humana y el ambiente.
La utilización de agroquímicos que demanda el modelo agropecuario pampeano es un tema recurrente en la agenda socioambiental santafesina que, en los últimos años, también comenzó a hacer eco en las discusiones políticas de diferentes niveles del Estado.
La falta de estadísticas oficiales sobre la cantidad de insumos químicos utilizados por el campo y la preocupación expresada por vecinos y organizaciones ambientalistas en muchos puntos de la geografía regional respecto a las consecuencias sobre la salud de las fumigaciones reactualizaron también el debate a nivel legislativo.
En ese contexto el diputado provincial, Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), presentó un pedido de informe al Ejecutivo para que el gobierno explique qué tipos de controles se realizan “sobre la comercialización de 1.497 productos calificados como herbicidas, insecticidas y fungicidas de los cuales, según el Senasa, hay 819 productos más peligrosos que el Roundup de Monsanto y 678 están calificados con la misma toxicidad”.
También recordó que la Legislatura tiene aún pendiente la modificación de la ley 11.273 que es la que actualmente regula el uso de agroquímicos, por lo que es necesario que los diputados y senadores “cuenten con información emanada de los distintos ministerios en torno al control que se hace de la utilización de esas casi 1.500 fórmulas comerciales que existen en el mercado”.
Hace pocos días el propio gobernador, Miguel Lifschitz, reconoció en su discurso de apertura de sesiones ordinarias que Santa Fe “está en mora con la agenda ambiental”, en parte porque aún no logró saldar el debate legislativo para generar una nueva normativa de regulación de las fumigaciones.
Uno de los proyectos en estudio es el presentado a mediados del año pasado por la multisectorial Paren de Fumigarnos con el apoyo de un grupo de diputados de diferentes bancadas políticas que propone prohibir las fumigaciones aéreas y establecer un límite mínimo de 1.500 metros para las aplicaciones terrestres, además de endurecer las exigencias para aplicadores y para la gestión de envases usados de esos productos.
Ese proyecto fue presentado por Del Frade y contó con los apoyos de Mercedes Meier (del mismo partido), Rubén Giustiniani, Silvia Ausburger y Palo Oliver del Frente Progresista (FPCyS), Patricia Chialvo y Silvia Simoncini del Frente para la Victoria (FpV), Claudia Giaccone (Justicialismo) y Verónica Benas (Pares).
Hace algunas semanas Oliver presentó otro proyecto para pedir una mayor carga impositiva sobre inmuebles rurales en los que se utilicen agroquímicos para “desalentar el uso de fitosanitarios”, una idea duramente cuestionada por Alicia Ciciliani, ministra de la Producción provincial.
Según datos del sector privado, en 2012 se utilizaron 317 millones de kg/l de agroquímicos en Argentina, la gran mayoría herbicidas (245 millones de kg/l). Eso son los últimos datos disponibles que figuran en la página web de la Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes). No existen estadísticas oficiales sobre uso de agroquímicos en Argentina.
Pedido
El pedido de informe de Del Frade apunta a obtener mayor información sobre la fiscalización oficial respecto al uso de esos insumos en el territorio santafesino. Por eso se pregunta si el Estado provincial “tiene conocimiento que en el país se comercializan al menos 1.497 productos comerciales de herbicidas, insecticidas y fungicidas”, de los cuales —según el legislador— “819 tienen toxicidad más peligrosa que el Roundup de Monsanto”.
También pide que el Ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe explique si “tiene estadísticas oficiales sobre la cantidad de agroquímicos que se comercializan y usan en nuestra provincia año a año en cada campaña agrícola”, y si el ministerio de Salud “tiene una evaluación de los efectos que causan estos productos comerciales en la vida humana”.
Además exige saber si el Ministerio de Producción, como órgano de control, “cuenta con la necesaria infraestructura para supervisar las aplicaciones que se practican en comunas y municipios de la provincia de cada una de estas fórmulas comerciales”, y si el ministerio de Trabajo “puede mostrar una estadística de por lo menos los últimos tres años de enfermedades profesionales derivadas de contaminación generada por la utilización de alguno de estos 1.497 productos de venta libre”.
