Pichetto, Guastavino y Caserio impulsan una iniciativa para que no paguen ese impuesto los sueldos menores a 77 mil pesos y así compensar en parte el “deterioro que viene sufriendo la remuneración del asalariado”. Además, criticaron la situación económica.
Se acerca el cobro del aguinaldo para los trabajadores en relación de dependencia y el justicialismo presentó en el Senado un proyecto de ley para eximir del pago de ganancias a los sueldos menores a 77 mil pesos. El interbloque Argentina Federal, que encabeza el rionegrino Miguel Pichetto, elaboró la iniciativa que plantea la necesidad de la deducción impositiva “máxime teniendo en cuenta el deterioro que viene sufriendo la remuneración del asalariado producto del sostenido incremento de los precios”. La propuesta de Pichetto coincide con el anuncio del paro general de la CGT para el 25 de junio.
“Consideramos razonable y responsable dar un alivio parcial al salario de bolsillo del trabajador estableciendo una deducción especial por única vez a los efectos de eximir del Impuesto a las Ganancias al medio aguinaldo correspondiente al mes de junio de 2018”, apuntaron los legisladores en el documento ingresado ayer por mesa de entradas de la Cámara Alta. “A los fines de la determinación del impuesto a las Ganancias correspondiente a la primer cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) de 2018, se deberá incrementar en 21 mil pesos el importe de la deducción especial calculada”, destaca el primer artículo del proyecto.
La iniciativa del senador peronista concuerda con uno de los puntos del listado de reclamos que presentó la CGT ante el Gobierno nacional y que también le plantearon a los senadores cuando fueron a visitarlos a la sede de Azopardo. En consecuencia, Pichetto, el entrerriano Pedro Guastavino y el cordobés Carlos Caserio elaboraron y firmaron el proyecto. El impuesto a las ganancias era uno de los puntos sobre los que el macrismo había montado parte de su campaña presidencial, prometiendo quitar el tributo para aliviar la presión fiscal sobre los salarios. Durante el kirchnerismo, la CGT había mantenido ese reclamo como una bandera constante, aún cuando se fue reajustando con el paso de los años.
“Surge claramente la necesidad de sostener la capacidad de compra del salario de los trabajadores, máxime teniendo en cuenta el deterioro que viene sufriendo la remuneración del asalariado producto del sostenido incremento de los precios”, destacaron en los fundamentos. A su vez plantearon que “el actual contexto macroeconómico ha redefinido todas las variables sustanciales del presupuesto 21018”. Entre ellas, el apartado que preveía un dólar, según la norma presentada por el Poder Ejecutivo, “con una cotización promedio de 19,30 pesos”, e incluso la “proyección del tipo de cambio para el año 2021 era de 21,19 pesos y hoy la cotización es en promedio de 26,4 pesos”. También apuntaron a las metas de inflación que quedaron muy atrás, al asegurar que en la ley de leyes “la inflación será del 15 por ciento promedio”, “y esa meta quedó sepultada” porque “tiene muy poca credibilidad en el ‘mercado’”, porque las consultoras estiman un treinta por ciento de inflación anual. El índice de crecimiento del Producto Bruto Interno proyectado por el gobierno también fue objetado por los senadores y utilizado en los fundamentos al apuntar que crecería un 3,5 por ciento mientras que “las consultoras proyectan un crecimiento levemente superior al uno por ciento”.
Finalmente los legisladores destacaron “la responsabilidad del proyecto” en cuanto al impacto fiscal ya que el costo estimado del proyecto es de 4.284 millones de pesos y que “dicho monto ya ha sido recaudado en exceso por sobre la meta presupuestaria” porque “la recaudación del impuesto a las ganancias creció en los primeros cinco meses del año un 34,7 por ciento”.
