En coincidencia con el Día Internacional de los Refugiados, el Parlamento húngaro aprobó una polémica ley que castiga con hasta un año de cárcel a quienes ayuden a inmigrantes sin documentos. Criminaliza el trabajo de las ONG.
El Parlamento de Hungría aprobó ayer una polémica ley que castiga con hasta un año de cárcel a quienes ayuden a inmigrantes en situación irregular, entre los que se incluyen refugiados y solicitantes de asilo.
La polémica ley que afecta a varias ONG del país fue aprobada la misma jornada en que se celebró el Día Internacional de los Refugiados, que la ONU conmemora desde 2001. Junto a esta ley, el Parlamento también aprobó una enmienda constitucional contra el sistema europeo de reubicación de refugiados entre los países de la Unión Europea (UE).
La mayoría del partido gobernante, el Fidesz, dirigido por el primer ministro nacionalista Viktor Orban, apoyó la normativa pese a las críticas y las solicitudes, por parte organizaciones humanitarias húngaras y extranjeras, de que retirase el proyecto de ley.
Como prometió el dirigente antes de su cómoda reelección para un tercer mandato consecutivo en abril, el Parlamento húngaro adoptó por aplastante mayoría de 160 votos a favor y 18 en contra un conjunto de leyes denominado “Stop-Soros”, a pesar de las reservas de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. La denominación “Stop-Soros” es en alusión al multimillonario y financiero estadounidense de origen húngaro George Soros, auténtico “cabeza de turco” del gobierno de Orban, que lo acusa, con sus iniciativas, de querer provocar una “invasión” en masa de migrantes hacia la Unión Europea (UE), lo que éste desmiente.
La Open Sociaty Fundation de Soros, que financia muchas ONGs en Hungría y en todo el mundo, anunció el mes pasado que deja Hungría, dedicando duras palabras por la creciente hostilidad que sufre en este país.
La Comisión de Venecia pidió el lunes que se pospusiera la aprobación de la ley hasta que pudiera redactar sus observaciones, pero la mayoría gubernamental rechazó la solicitud de este órgano consultivo del Consejo de Europa. Las enmiendas constitucionales aprobadas ayer prohíben el asentamiento de ciudadanos no húngaros en Hungría –a excepción de los europeos–, y también declaran que la composición de la población del país no puede ser modificada “mediante una voluntad externa”. Otros de los cambios aprobados en el paquete declaran que el Estado debe defender los valores y la cultura cristianos del país, y crea una nuevo sistema judicial que hasta ahora no existía en Hungría, el de los tribunales administrativos.
En esa línea, la reforma de la Constitución húngara también instituye que la “defensa de la cultura cristiana” es una obligación para todas las instituciones estatales. Por otra parte, el Parlamento también prohíbe a las personas sin techo pasar la noche en espacios públicos.
La nueva legislación establece en particular una pena que alcanza hasta a un año de prisión a toda persona que brinde asistencia a alguien que haya entrado ilegalmente en Hungría desde un país que no integre el espacio de Schengen (de libre circulación de personas dentro de la UE), si la vida del mismo no corre peligro.
Orban, que se presenta como la punta de lanza de la defensa de Occidente, hizo levantar en 2015 una barrera antimigrantes de varios centenares de kilómetros en sus fronteras y es regularmente citado por los líderes de extrema derecha de todo el mundo. También se procedió ayer a un cambio de la Constitución, el que estipula que ninguna instancia puede en lo sucesivo atentar contra “la composición de la población” húngara, una disposición destinada a hacer inconstitucional la imposición de cuotas de migrantes por parte de la UE.
“Reforzamos la soberanía de Hungría. Con esta modificación constitucional prohibimos el establecimiento de poblaciones extranjeras en Hungría”, se felicitó el gobierno, afirmando “poner por delante la voluntad de los húngaros”, conforme al mandato recibido en las elecciones.
“Esta protección mejorada es necesaria, porque la presión migratoria sobre Europa es permanente”, continúa, añadiendo que “la política de Bruselas favorable a la imigración amenaza a nuestro país, que puede ser invadido por los migrantes”.
El martes, cuando se aprobó una ley de presupuesto, el Parlamento ya había votado a favor de crear un impuesto del 25 por ciento de sus recursos a las ONG sospechosas de ayudar a migrantes. Varias ONG denunciaron ayer un nuevo “ataque” contra las libertades civiles en Hungría. “Criminalizar el trabajo de los organismos de derechos humanos, algo esencial y legítimo, es un ataque desvergonzado contra las personas que buscan refugio contra la persecución y contra aquellos que realizan una tarea admirable para ayudarlos”, afirma Amnistía Internacional (AI).
La propia división húngara de AI podría verse afectada por ese paquete legislativo. “Es un nuevo golpe en la intensa guerra contra la sociedad civil y es algo que resistiremos sin descanso”, añadió AI en su comunicado.
Unicef se manifestó “profundamente preocupada” por esta nueva legislación, que prohíbe ofrecer “una protección a los niños refugiados y migrantes, así como a sus familias”.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) llamó a fines de mayo a Hungría a “retirar” este paquete de leyes, ya que “restringiría significativamente la capacidad de las ONGs e individuos para apoyar a solicitantes de asilo y refugiados”. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) lamentó ayer la adopción de una nueva ley en Hungría que ilegaliza la ayuda y protección de niños migrantes y refugiados y de sus familias por parte de organizaciones e individuos. En un comunicado, el director regional de Unicef en Europa, Afshan Khan, destacó que “la sociedad civil juega un rol vital en la protección de los derechos de todos los niños, incluyendo los más vulnerables”. Asimismo, advirtió que la restricción de este rol “puede causar más daño a niños que ya han sido forzados a huir de sus hogares, a menudo viviendo experiencias traumáticas, y además perpetuar peligrosamente conceptos erróneos arraigados en el racismo y la discriminación”. Según Unicef, en 2017 un total de 1.589 niños solicitaron asilo en Hungría.
La Comisión Europea anunció ayer que invitó a líderes de varios países de la UE a una “reunión de trabajo informal” sobre asilo y migración, en Bruselas el próximo domingo, pocos días antes de la cumbre de los 28 sobre este tema que los divide.
