La cantidad hogares que contratan seguros privados de salud en forma directa cayó en la Ciudad al menor nivel desde 2015. También son menos los afiliados por derivación de aportes.
Por los reiterados incrementos de las cuotas, la disminución del poder adquisitivo de la población y la mayor cantidad de afiliaciones por la vía de una obra social, está achicándose el padrón de los afiliados voluntarios a los servicios de medicina privada. En la Ciudad de Buenos Aires, según las últimas estadísticas, la cantidad de personas que atienden su salud por esta vía se viene reduciendo.
Datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad marcan que, en el primer trimestre de este año, apenas el 6,1% de las familias porteñas declararon contar con un plan de medicina prepaga por contratación voluntaria para todos sus integrantes. Es el porcentaje más bajo de toda la serie, iniciada en 2015. Un año atrás, en el primer trimestre de 2017, la marca había sido del 10%. Mientras que, en 2015 y 2016, había oscilado entre 7,5% y 9,8%.
Se trata de los pacientes que sienten más el impacto de los aumentos, dado que, sin aportes derivados, deben afrontar cada mes el costo completo de los planes médicos.
El grueso la población porteña -el 46,1% – tiene cobertura a través de las obras sociales y 17,3% de las prepagas, pero por la vía de derivar los aportes o descuentos de salud sobre los salarios a una obra social. El resto se atiende en hospitales públicos, mutuales o servicios de emergencias.
Los datos revelan que también los que derivan sus aportes a una prepaga son menos. Del 21,6% que lo hacía en 2015, en 2017 disminuyó al 17,3%. Y la afiliación voluntaria prepaga descendió del 11,2 al 10,7%. En dos años, una caída mayor a 5 puntos.
Con los saltos inflacionarios de los últimos años, más el encarecimiento de los costos médicos, las cuotas de las prepagas vienen teniendo cuatro ajustes anuales. En lo que va de 2018, hubo dos: 4% en febrero y 7,5% en junio, acumulando 38,5% en los últimos 12 meses.
Los planes de las prepagas tienen un costo promedio de $ 3.500 para una persona de edad mediana, mientras para un matrimonio joven con dos hijos menores, en un plan sin reintegros, ronda los $ 8.500. En ambos casos, más IVA. Con pago por débito automático, descuentan un 10%.
Hugo Magonza, titular de la Asociación Civil de Entidades Médicas Integradas (ACAMI) y de la Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud (ALAMI), le dijo a Clarín que en el país “el sector prepago ronda las 6 millones de cápitas, pero este número está fuertemente sustentado en la opción de cambio, que permite que afiliados a obras sociales deriven su aporte a una prepaga”. “La afiliación voluntaria es decreciente: el sector de las empresas de Medicina Prepaga contaba con cerca de 3 millones de beneficiarios voluntarios hace algo más de 15 años, pero ahora no supera 1.200.000”, detalló.
Magonza agregó: “Los nuevos afiliados son producto de la desregulación y, en el último tiempo, del Monotributo. El trabajador independiente, al encuadrarse en este régimen impositivo, tiene la posibilidad de optar por una obra social, transferir en la actualidad $ 536 al mes y evitar el pago del IVA, del 10,5%, que abonaría en caso de ser un voluntario directo”.
En esos casos, si el costo del plan es superior a los aportes de Salud, el afiliado paga la diferencia -que viene en aumento- con relación a lo que ingresa en la prepaga.
El directivo prevé, en tanto, que la afiliación individual “se reducirá a un grupo residual por la obligación de contratar planes integrales, los costos en salud siempre crecientes, muy por encima de la inflación, y la incorporación de coberturas sociales y médicas que no estaban incluidas en los planes originales”.
“Todos estos factores -concluyó- hacen que entidades pequeñas y medianas estén muy afectadas en su sustentabilidad, generando una salida desordenada del sector, vendiéndose, fusionándose o desapareciendo. Por otra parte, trae aparejado un efecto no deseado por la ley: actualmente, 83% de los afiliados están en 10 entidades, lo que produce una concentración que no es buena ni para los beneficiarios, que pierden alternativas de elección, ni para profesionales y prestadores, ya que en muy pocos se concentra el poder de compra.”
