En las últimas horas se dieron a conocer una serie de denuncias por parte del municipio santafesino donde se revela que distintos destacamentos dependientes de la Provincia cuentan con conexiones clandestinas. A estas se les suman las que la propia Provincia le realizó al Gobierno de la Ciudad.
Este jueves se escribió un nuevo capítulo por la polémica que se generó hace unos meses entre la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y la Municipalidad de Santa Fe por el pago del Alumbrado Público.
Hace aproximadamente dos semanas, la secretaría de Energía de la provincia, Verónica Geese, publicó en su cuenta de la red social Twitter una serie de imágenes donde se daban a conocer ciertas conexiones clandestinas en dependencias municipales denunciadas por la Empresa Provincial de la Energía. Entre las dependencias se encontraban, entre otras, el Corralón Municipal, ubicado detrás de la cancha de Unión. Además, se detectaron irregularidades en cinco acometidas directas localizadas sobre Bv. Pellegrini: 3798, 3804, 3860 y 3980/4000.
Acompañada de las imágenes, Geese apuntó directamente contra el intendente de la ciudad de Santa Fe por dichas conexiones clandestinas: “José Corral: conexiones clandestinas en dependencias municipales. La semana que viene la EPE va a hacer la denuncia. Sería bueno que regularicen cuanto antes (estas situaciones) porque de nada vale cuidar hasta el último foco si se comete fraude para pagar menos”.
Atendiendo a la otra cara de la moneda, la Municipalidad de Santa Fe también hizo de las suyas en este nuevo capítulo en el marco de la disputa por la tarifa del Alumbrado Público. Este jueves, José Corral habló de una serie de inmuebles que presentarían irregularidades en la conexión eléctrica. El intendente expuso como ejemplo las siguientes dependencias: la Unidad Regional I (ubicada en Urquiza al 700), en el depósito policial de vehículos en barrio La Tablada (donde se quemaron decenas de vehículos en mayo de 2017) y conexiones directas -sin medidor- en el destacamento 10 de barrio Acería.
Más allá de las acusaciones cruzadas entre el gobierno provincial y el municipio de la capital de la provincia, el único perjudicado es el vecino, ya que es quien abona las facturas que le llegan a su domicilio y/o local comercial, abonando los gastos que las distintas dependencias municipales y provinciales se niegan a pagar.
A la espera de las presentaciones formales ante el Ministerio Público de la Acusación y la actuación posterior de fiscalía, es el ciudadano santafesino el que lo sufre mes a mes, vaciando de sus bolsillos lo que otros consumen.
¿Hasta cuándo el tire y afloje entre dos gobiernos que fueron votados de manera democrática? ¿Hasta cuándo tiene que ser el ciudadanos de bien quien pague los platos rotos? ¡El último que pague la luz!
