El procurador General del Tesoro prepara el dictamen, mientras Elisa Carrió solicita pedir un proceso especial para investigar el financiamiento de la operación.
El Gobierno apelará el fallo de un tribunal de EE.UU que ratificó la jurisdicción de la justicia norteamericana para resolver una demanda del fondo buitre Burford por no menos 3 mil millones de dólares por las acciones que el Grupo Petersen tenía en YPF-Repsol.
El Procurador General de la Nación, Bernardo Saravia, como representante del estado argentino en el juicio en Nueva York, y otras autoridades de la Nación analizan la estrategia a seguir.
Uno es apelar directamente a la Corte Suprema de EE.UU y la otra es pedir una revisión del fallo de este martes por parte de un plenario de los jueces de la Cámara de Apelaciones, algo que está permitido en las normas procesales norteamericanas, y no solo de una sala de ese tribunal.
Mientras tanto, Saravia analiza pedir el llamado proceso Discovery a la jueza de instrucción Loretta Preska, quien debe decidir la cuestión de fondo: si se violó el estatuto de YPF cuando se reestatizó la petrolera. Este proceso tendrá enormes repercusiones políticas. La idea del oficialismo es que si la operación fue irregular, el fondo buitre no tendría derechos para continuar con su demanda.
Saravia ya comenzó a redactar ideas para la apelación que girarán sobre el hecho de que los miembros del tribunal de Nueva York “interpretaron la Constitución Argentina e incurrieron en varias contradicciones”.
Paralelamente, la diputada de Cambiemos Elisa Carrió reclamará al Gobierno que directamente solicite a la Justicia de EE.UU el inicio del Discovery para investigar cómo fue la ruta del dinero para que el Grupo Petersen comprara el 25 por ciento de las acciones de YPF-Repsol durante el gobierno de Néstor Kirchner y luego, en el 2012 tras la polémica reestatización de la petrolera por parte de Cristina Kirchner, se vendieran esas acciones al fondo buitre Burford.
Carrió dijo que quiere saber “si en todo este proceso” se pagaron supuestas coimas a ex funcionarios K. Este fondo buitre ahora reclama 3 mil millones de dólares de capital, que sumados los intereses, costas del juicio y otros gastos, llegaría a 5 mil millones.
Paralelamente, el panorama judicial se complicó para el Gobierno en los tribunales de EE.UU porque el fondo buitre Burford le compró este miércoles los derechos de otro juicio a la empresa Eaton Park, otro socio minoritario de YPF-Repsol, por 500 millones de dólares. Burford pagó 30 millones de dólares por los derechos para seguir con el proceso en EE.UU. Así el Gobierno e YPF enfrentan ahora dos demandas de Burford.
Una alta fuente del Gobierno dijo a Clarín “si fallamos con las vías procesales que quedan para apelar la decisión” de la Cámara de Apelaciones de Nueva York en la Corte Suprema de Justicia de EE.UU., o al plenario de la cámara de apelaciones se pondrán en marcha un abanico de medidas de prueba.
“En el juicio ordinario vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos para que la Argentina no pierda. Eso incluye, desde luego, las herramientas procesales como el Discovery y lo que políticamente implica”, dijo la alta fuente a este diario.
El llamado proceso Discovery ya fue usado por el fondo buitre Elliot para buscar cuentas bancarias y bienes de Lázaro Báez en Estados Unidos. La fuente señaló que el Discovery “también alimentará la causa abierta por Carrió ante el juez Lijo”.
Además, Carrió solicitará al juez Lijo que acepte a la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige Mariano Federici, como querellante en la causa por “el vaciamiento de YPF”, entre otras medidas de prueba.
Carrió hizo la primera denuncia para investigar el ingreso del Grupo Petersen a YPF-Repsol en 2008 ante el juez federal Ariel Lijo, quien la delegó en el fiscal que la archivó. Por una ampliación, unos años más tarde, Lijo reabrió la causa y pidió un peritaje dividido en cuestiones petroleras, financieras y legales y ahora espera sus primeros resultados para decidir cómo enfocar su investigación.
Sin embargo, Carrió y su diputada Paula Oliveto fueron ampliando la denuncia contra la ex presidenta Cristina Kirchner, los ex ministros de Planificación, Julio De Vido, de Economía, Axel Kicillof, y sobre todo del ex secretario de Coordinación de De Vido, Roberto Baratta, entre otros.
Por el retraso de la causa, Carrió le abrió un juicio político a Lijo. “Con algunos jueces federales uno tiene cansancio moral. Esta causa de YPF va por los 11 años”, dijo este miércoles Oliveto a radio Mitre.
“Hay pocas causas judiciales con tantas pruebas como esta. Lijo no hizo prácticamente nada durante 10 años”, agregó la diputada Oliveto que también es abogada especialista en derecho administrativo y auditorías.
Entrevistada por el programa “Lanata sin filtro”, Oliveto dijo que “venimos denunciando lo de YPF desde 2007, da mucha angustia porque esto se podría haberse evitado”.
“En ese momento dijimos que las consecuencias de estas decisiones de Cristina y Kicillof iban a ser terribles. En vez de hacer valer ese vaciamiento frente a los españoles, el Gobierno de entonces le pagó una indemnización de 5 mil millones de dólares a Repsol”, más 6 mil en títulos públicos. Pero al Grupo Petersen, Cristina Kirchner extrañamente no le pagó nada por sus acciones y su sucursal española llamada Petersen Energía Inversora S.A. (PEISA) se declaró en quiebra.
Oliveto recordó que hace 10 años “Carrió denunció el vaciamiento de YPF, el saqueo de los K y el negocio financiero que nos iba a generar deuda. De Vido, Kicillof y otros beneficiaron indirectamente a los fondos buitres y ahora se hacen los paladines de la moral. Son cínicos y corruptos”.
En un comunicado, el Grupo Petersen aclaró que las acciones de PEISA a Burford las vendió el síndico de la quiebra en España, que no tienen ningún interés en el juicio que se realiza en EE.UU. y que su entrada a YPF en 2005 fue financiada por un club de bancos en forma transparente y legal.
Por su parte, YPF, dijo también que analiza el fallo dictado el martes por una corte de Estados Unidos y sostuvo que interpondrá “todos los recursos legales necesarios” para defenderse.
En una nota remitida a la Comisión de Valores de Buenos Aires, YPF confirmó que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos resolvió que la Corte Federal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de New York es competente para resolver el reclamo en su contra interpuesto en 2015.
“La Corte de Apelaciones no se expidió aún respecto al reclamo de fondo efectuado contra YPF”, puntualizó.
YPF, que coordina sus acciones con el Procurador General del Tesoro, dijo que “se encuentra analizando la decisión adoptada por la referida Corte de Apelaciones e interpondrá todos los recursos legales necesarios para defender sus intereses de acuerdo con el procedimiento legal aplicable”.
Ante la demanda en los Estados Unidos, el Estado argentino ha sostenido que los tribunales de ese país no son competentes para juzgar este caso.
Los jueces confirmaron un fallo anterior de Preska, que se ocupa del caso, que ya se había opuesto a los argumentos de Argentina, que defendía que los tribunales estadounidenses no eran competentes para juzgar este caso. La decisión considera que Argentina e YPF “no son inmunes” a una acción legal en EE.UU. bajo los parámetros de la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA, sus siglas en inglés), es decir que fue una decisión soberana del Estado argentino.
