La Justicia argentina quedó muy cerca de, al fin, acceder a las evidencias que duermen en Brasil sobre las coimas que Odebrecht pagó a funcionarios argentinos durante la última década. Tan cerca que los fiscales de ese país lo anunciaron ayer de manera oficial mientras que desde Buenos Aires aclararon que solo restan “detalles” para que así sea, lo que podría darse “en cuestión de días”.
La información que comenzará a llegar desde Brasil apuntará, en particular, contra el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido , a su círculo inmediato de colaboradores -entre ellos, a su mano derecha, Roberto Baratta-, al ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción entre 2004 y 2012, Carlos Wagner, y al lobista Jorge “Corcho” Rodríguez, entre otros, según reveló LA NACION durante los últimos meses.
Las delaciones brasileñas, sin embargo, van más allá de apuntar solo a los ex funcionarios e intermediarios. También permitirán exponer cómo Odebrecht participó en un reparto cartelizado de la obra pública en la Argentina durante años, junto a algunas de las empresas más importantes del país, cuyos ejecutivos habrían asumido un rol protagónico en los sobornos locales.
El envío de ese material depende ahora de cuestiones formales que deben completarse en la Argentina. Pero el Ministerio Público Fiscal (MPF) brasileño ya lo da por descontado. Tanto, que subió ayer un comunicado oficial a su página de Internet para informar que “la Argentina selló un acuerdo con el MPF y podrá utilizar las delaciones recibidas en Brasil en el ámbito de la operación Lava Jato”.
Es para acceder a las evidencias sobre las coimas que recibieron algunos funcionarios argentinos Es para acceder a las evidencias sobre las coimas que recibieron algunos funcionarios argentinos Fuente: EFE – Crédito: Archivo
En la práctica, eso significa que los fiscales argentinos podrán acceder a todo lo que confesaron Marcelo Odebrecht y algunos de sus principales lugartenientes, como Luiz Antonio Mameri y Marcio Faria, sobre las coimas por al menos US$ 59 millones que los brasileños pagaron en los proyectos para soterrar el tren Sarmiento, extender las redes troncales de gasoductos o construir una planta potabilizadora de agua para AYSA en Paraná de las Palmas.
“Los tribunales del país vecino podrán usar las pruebas brasileñas para acusar a ex funcionarios involucrados en irregularidades”, precisó el MPF en su comunicado, en el que detalló que “la Argentina se resistía a conceder la inmunidad a los delatores [brasileños] a cambio de la información, pero ese punto fue superado gracias a las gestiones de la SCI”, en alusión a la Secretaría de Cooperación Internacional del propio MPF.
Desde Buenos Aires, fueron un poco más cautos. “Estamos muy cerquita, pero falta cerrar algún detalle y completar alguna consulta”, indicaron desde la Procuración General a LA NACION, para luego apelar a una metáfora del rugby. “Digamos que la pelota en el in-goal todavía no la apoyamos”, explicaron.
De manera más formal, desde la Procuración, a cargo de Eduardo Casal de manera interina desde la salida de Alejandra Gils Carbó, también emitieron ayer un comunicado. En él precisaron que el viernes se celebró una nueva reunión con los fiscales que investigan el capítulo argentino del Lava Jato más funcionarios de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Cancillería para “avanzar en la cooperación” con Brasil.
“Debe tenerse presente que el trabajo que se viene llevando a cabo es una tarea delicada, ya que se busca garantizar que el compromiso a firmarse se adecúe a los marcos jurídicos de cada país y a los convenios internacionales que ambas partes han suscrito”, precisó la Procuración argentina en su comunicado. “Al mismo tiempo se deben respetar los marcos de los acuerdos de colaboración o lenidad celebrados en Brasil, a la vez que resulta indispensable prevenir que el intercambio de información que se ofrece no impida o entorpezca otras acciones que puedan ejercerse en el país”, abundó.
En ese sentido, la Procuración avanzó en la línea adelantada por el MPF brasileño y adelantó que el acuerdo en ciernes “implicaría un compromiso para las autoridades locales de no utilizar la información voluntariamente aportada por los colaboradores en Brasil en su contra, en las causas que tramitan en la Argentina”.
En la práctica, ese acuerdo implica que los fiscales argentinos aceptaron no avanzar contra los delatores brasileños por los delitos que puedan confesar cuando detallen cómo pagaron sobornos por las obras en la Argentina ya que reconocieron que ya fueron condenados por esos actos en Brasil.
Desde Odebrecht, en tanto, recibieron con beneplácito el posible acuerdo bilateral. Por un lado, porque afirman que desean colaborar con la Justicia argentina y reencauzar su relación con el Estado para, de ese modo, volver a competir por nuevos contratos en el país. Por el otro, porque confían en que las evidencias que llegarán desde Brasil demostrarán que fueron parte de una forma de hacer negocios con el kirchnerismo que incluyó a otras empresas que callan hasta hoy, mientras ganan nuevos contratos con el actual Gobierno.
Alcances de un intercambio por más transparencia
Brasil está dispuesto a enviar a la Argentina los documentos que registran las declaraciones como arrepentidos que hicieron exejecutivos de Odebrecht en que confiesan a qué funcionarios y emisarios argentinos pagaron sobornos para mantener los contratos de obras públicas que realizaba el gigante brasileño.
La Argentina se compromete a no volver a perseguir penalmente a los brasileños que delataron a quienes les pagaron, porque rige un principio que impide la doble persecución penal. Las delaciones permitirán establecer además cómo se cartelizó entre las empresas la obra pública en la Argentina.
Los fiscales argentinos podrán acceder a lo que confesaron Marcelo Odebrecht, Luiz Antonio Mameri y Marcio Faria sobre las coimas por al menos US$59 millones que los brasileños pagaron para soterrar el tren Sarmiento, extender gasoductos y construir una planta potabilizadora de agua para AySA.
El acuerdo implicaría un compromiso para las autoridades locales de no utilizar la información voluntariamente aportada por los colaboradores en Brasil en su contra, en las causas que tramitan en la Argentina. Implica que los fiscales argentinos aceptaron no avanzar contra los delatores brasileños.
Fuente: La Nación
