A continuación se comparte el parte de prensa que dio a conocer la Justicia en relación al caso Iván Bordón y las audiencias celebradas el sábado en Tostado:
La jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cristina Fortunato, dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva para tres hombres mayores de edad que son investigados como autores de los delitos de asociación ilícita y usurpación, entre otros ilícitos.
La resolución de la magistrada fue en el marco de tres audiencias de medidas cautelares celebradas el sábado en los tribunales de la ciudad de Tostado, y en las que la fiscal Sonia Bustos había solicitado la prisión preventiva de las tres personas.
Delitos
Uno de los imputados en la investigación es IAJB de de 43 años, a quien la fiscal del MPA le atribuyó la autoría de los delitos de asociación ilícita (en carácter de jefe); usurpación; usurpación agravada por el uso de arma de fuego; amenazas coactivas (dos hechos); amenazas simples; resistencia a la autoridad y atentado a la autoridad agravado.
Otro de los hombres investigados es GHC de 65 años, a quien Bustos le imputó: autoría del delito de asociación ilícita (en carácter de integrante); coautoría del delito de usurpación; coautoría del delito de usurpación agravada por el uso de arma de fuego (en dos hechos); tenencia de arma de fuego de uso civil; tenencia compartida de arma de fuego de uso civil y uso civil condicional; y desbaratamiento de derechos acordados.
Por su parte, el otro imputado en la investigación es AIC de 61 años, a quien le fiscal le atribuyó: autoría del delito de asociación ilícita (en carácter de integrante); usurpación; usurpación agravada por el uso de arma de fuego (en dos hechos); tenencia de arma de fuego de uso civil (tres hechos) y tenencia de arma de fuego de uso condicional; amenazas coactivas y amenazas simples.
En los tres casos, las figuras delictivas fueron atribuidas en concurso real.
En investigación
“Si bien la jueza ordenó medidas alternativas a la prisión preventiva, los tres hombres continuarán sometidos al proceso penal, aunque lo harán en libertad”, explicó Bustos. “Entre las medidas dispuestas por la magistrada, se les impuso una prohibición de acercamiento al establecimiento ‘El Palmar’ de Gato Colorado y prohibición de acercamiento y de comunicación con las víctimas. Además, los tres hombres investigados deberán presentarse una vez por semana en la sede del MPA de Tostado”, agregó la fiscal.
En relación a los hechos delictivos, Bustos dijo que “investigamos una asociación ilícita integrada por varias personas cuya identidad conocemos y otras que aún no fueron identificadas”. En tal sentido agregó que “de acuerdo a las evidencias con las que contamos, se trata de una organización estable en el tiempo, integrada por las mismas personas y que operó de manera continua y permanente hasta la actualidad”.
En la audiencia realizada el sábado, la fiscal del MPA precisó que “la asociación ilícita se formó para procurar usurpaciones y despojos ilegítimos de tierras, mediante la utilización de armas de fuego”. Agregó que “además, a través de distintas maniobras delictivas, buscaban evitar que los campos fueran restituidos a sus propietarios, impedían el cumplimiento de desalojos judiciales, hicieron cesiones de derechos onerosos y evasiones fiscales”.
Detenciones legales
El pasado jueves se llevaron a cabo tres audiencias de hábeas corpus, a raíz de las presentaciones que hicieron los representantes legales de los tres imputados en favor de sus clientes. En los tres casos, el juez de la IPP, Hugo Tallarico, resolvió no hacer lugar a los mismos.
La fiscal del MPA presente en estas audiencias fue Silvina Verney, de la Unidad Fiscal de San Cristóbal, quien reemplazó a la fiscal Bustos que ése día estaba de licencia.
Verney detalló que “el juez Tallarico entendió que la orden de detención se dio en un procedimiento de total legalidad”. Por otro lado, Verney destacó que “las detenciones se produjeron en el marco de un allanamiento legal en el que se secuestraron armas de fuego y en el que los imputados iniciaron acciones violentas contra el personal uniformado”. La funcionaria del MPA agregó que “los imputados intentaron impedir la correcta continuidad del acto manifestando que la medida era ilegal, pese a que se les exhibió la orden de allanamiento y se les dieron las explicaciones del caso”.
“En todo momento estuvo garantizada la legalidad de la medida y los derechos que le asisten a los moradores. Además, hubo dos testigos de actuación que suscribieron el acta respectiva. Inclusive el allanamiento fue filmado y dicho material fue exhibido en las audiencias de habeas corpus realizadas el viernes”, concluyó Verney.
