Las exposiciones mostraron una pulseada entre juristas y el reclamo de los médicos.
La segunda jornada de debate sobre la legalización del aborto en el Senado se convirtió en una pulseada entre juristas en torno de si el embrión tiene o no los mismos derechos que la mujer embarazada, la pertinencia de establecer una lista de profesionales médicos objetores de conciencia y si la iniciativa se ajusta a la letra constitucional y a los tratados y convenciones firmados por el país.
Así, Néstor Sagües aventuró que el proyecto “intenta disolver” los compromisos asumidos en la ley fundamental y en foros internacionales.
“Estamos inventando una nueva categoría de personas, la de personas ultimables (sic) por la mera decisión de la madre durante las primeras 14 semanas del embarazo”, aseguró Sagües.
Esto motivó el enojo del senador Alfredo Luenzo (PJ-Chubut), quien salió al cruce de las afirmaciones del constitucionalista. “Da la sensación de que estamos avanzando en una ley que impulsa el infanticidio, no nos pongan en ese lugar”, se quejó.
En la misma sintonía se expresó Ricardo Gil Lavedra , quien rechazó la teoría de que el embrión tiene los mismos derechos que la mujer embarazada. “Perseguir a la mujer con penas de prisión por la interrupción del embarazo no es la manera”, dijo.
Gil Lavedra también rechazó otro de los tópicos planteados por el grupo de senadores que rechazan de plano el aborto, el de los derechos del hombre, como padre, a decidir sobre la realización de un aborto. “La paternidad no existe hasta el nacimiento en nuestro sistema jurídico”, respondió el abogado.
Otro capítulo interesante estuvo centrado en la objeción de conciencia de los profesionales, debate que había disparado la representante del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, María de los Ángeles Carmona, al afirmar que crear ese registró será “discriminatorio” .
La teoría fue avalada por Carlos Weschler, representante de la Asociación Médica de la República Argentina, que pidió que los registros sean reservados.
“No hay nada que sea oculto que no sea descubierto. No existen las listas secretas”, alertó el senador José Mayans. “¿A los problemas de los secretos fiscales y bancarios ahora habrá que sumarle los secretos de la objeción de conciencia?”, sumó su crítica el constitucionalista peronista Alberto García Lema.
Por último, la representante de Amnistía Internacional Mariana Belsky abogó por la sanción de la ley “para salvaguardar la vida de las mujeres”. En ese sentido, defendió la legalización porque “la simple despenalización no asegura ni garantiza a las mujeres condiciones seguras para que puedan gozar su derecho”, ya que mantendría la clandestinidad.
