La Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP), gremio que agrupa a los profesionales de la salud en el sector privado a nivel nacional, denunció que según sus cálculos, las clínicas, hospitales de comunidad y obras sociales “evaden en conjunto cerca de diez mil millones de pesos al año gracias a las condiciones de extrema precariedad laboral de su plantel de médicos”.
A través de un comunicado, aseguraron que esta evasión ocurre “en más del 40% de los médicos en Capital Federal y cerca del 98% en el interior del país trabajan como monotributistas”, por lo que las empresas “no pagan los aportes previsionales y de la seguridad social”.
“Esta situación genera la precarización del trabajo del médico, que se desempeña sin contar con todos los derechos que implica una relación de dependencia (aguinaldos, licencias pagas, ART, días por capacitación, entre otros)”, remarcó el secretario general de AMAP y presidente de la Federación Médica de Capital Federal, Héctor Garín. “A los médicos de empresas de medicina privada se les niegan los derechos básicos que tienen los trabajadores”, puntualizó.
Según los cálculos de la AMAP, existen alrededor de 100.000 médicos que trabajan en el sector privado en todo el país; de los cuales se considera que 75.000 no están registrados y realizan aportes como monotributistas y a las cajas de previsión y seguro médico de cada provincia donde existen. “Si estimamos que el promedio de ingresos por trabajador es de $40.000 brutos, da un total de $2.993 millones mensuales. Al contabilizar el aguinaldo, serían $38.903 millones al año”, siguió el texto.
La asociación informó que los médicos deberían aportar como trabajadores un 11% para la jubilación, un 3% de la Ley 19032 -aporte al PAMI- y un 3% a su obra social. En total un 17% que representan $452 millones mensuales o $6.613 millones anuales y que los empleadores deben pagar un 34% en sus aportes y contribuciones, es decir $13.226 millones anuales. “Al sumar ambos aportes se evaden $19.840.275.000 por año”, concluyó.-
Según se informó, a fines de 2014 la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) convocó a la AMAP y a las cámaras que nuclean a las empresas de salud para informarles que dictaría una resolución para reglamentar la contratación de personal médico en relación de dependencia de acuerdo al número de camas de las entidades sanitarias privadas. La normativa debía llevar el nombre de Indicador mínimo de trabajadores del servicio médico de la actividad privada de la salud. Según esta norma cada 100 camas debía haber 173 médicos registrados para que los servicios médicos pudieran funcionar correctamente.
“Durante 2015 la AMAP continuó con sus denuncias sobre la alarmante precariedad laboral de los médicos y se trabajó junto a la AFIP para tratar de resolver el problema. Lamentablemente, la AFIP no pudo aislarse de los tiempos electorales y pospuso la implementación del IMT (Índice Mínimo de Trabajadores) para Clínicas, Hospitales, Sanatorios y otros establecimientos sanitarios con el fin de no generar reacciones adversas en los empresarios”, indicó el texto.
A su vez, la AMAP informó que sostuvo entrevistas con los nuevos responsables de la AFIP “quienes no vieron posibilidades de avanzar, pues las sanciones previstas por incumplimientos no podrían aplicarse por la Ley de Emergencia Sanitaria (Decreto 486/2002)”.
“El trabajo no registrado es el mismo desde entonces: alrededor del 40% en la Capital Federal y entre un 95% a un 98% en el resto del país”, concluyó el texto
