Peña, Dujovne, Vidal y Larreta se reunieron por el costo de los subsidios a transferir; los mandatarios admiten que deberán ceder.
En medio de las necesidades de reducir gastos nacionales, el gobierno de Mauricio Macri comenzó ayer el traspaso de gastos en subsidios a la energía, el transporte y las obras de agua a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad en una reunión en la Casa Rosada con la gobernadora María Eugenia Vidal y con el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta . Sin embargo, si bien avanzaron en el análisis de los presupuestos, no hubo definiciones.
“Nos tenemos que volver a juntar. Algo tienen que absorber las provincias del recorte que hará la Nación”, dijo un funcionario vinculado a la gobernadora. Es una señal de que tanto Vidal como Rodríguez Larreta asumieron que parte del ajuste fiscal de la Nación lo tendrán que pagar sus propios distritos.
Tal como anticipó LA NACION el domingo último, los gobernadores del peronismo le reclaman al Ejecutivo nacional transferir los gastos por $110.000 millones anuales a la provincia y a la ciudad de Buenos Aires (CABA): $100.000 millones corresponden a subsidios a la energía que se pagan a la empresa mayorista Cammesa y al transporte público, y $10.000 millones son gastos de la empresa de aguas, AySA, por las obras de agua potable y cloacas.
Los gobernadores del PJ consideran que la Nación no puede mantener gastos que solo benefician a porteños y bonaerenses. Argumentan que cada provincia destina sus propias partidas a la mayor parte del agua corriente, de la energía, del transporte, aunque la Nación también financia parte de esos subsidios.
De la reunión de ayer en la Casa Rosada participaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña ; el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne ; Vidal, y Rodríguez Larreta. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que tiene jurisdicción sobre AySA, no participó por cuestiones de agenda. Ese grupo, además, es la mesa chica de coordinación política del Gobierno. Se hablaron otros temas vinculados al ajuste, que no trascendieron.
“Fue una reunión de trabajo con gobernadores sobre el presupuesto, El traspaso de gastos no será de un año a otro, ninguno de los distritos lo podría absorber; luego se hará la ronda de diálogo con los gobernadores de la oposición”, señalaron a LA NACION altas fuentes oficiales.
El encuentro fue un gesto hacia los jefes provinciales peronistas. Para exigirles un esfuerzo fiscal a ellos, Macri necesita mostrar que está dispuesto a hacer lo mismo con su propia tropa de Cambiemos. En rigor, la Casa Rosada tiene previsto reducir también las transferencias no automáticas de gastos corrientes y de capital a las provincias, unos $140.000 millones, aunque ese traspaso sería progresivo. Todo está por discutirse en la ronda con los gobernadores del PJ.
“Con diálogo con la oposición queremos llegar a una ley de presupuesto razonable para 2019”, señaló una fuente oficial. Según el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un crédito stand-by de 50.000 millones de dólares, el año próximo se deberá cumplir una meta de déficit fiscal del 1,3% del PBI y en 2020, déficit cero.
Las transferencias no automáticas de $140.000 millones a negociar con el resto de las provincias cubren gastos en educación y salud, y en obras públicas locales, que durante el gobierno kirchnerista se usaban como manera discrecional de mantener el poder y la lealtad política de gobernadores e intendentes.
La semana última doce gobernadores manifestaron su respaldo al plan de reducción del déficit y la posibilidad de llegar a un equilibrio fiscal en 2020. Eso buscó calmar la desconfianza de los mercados y las turbulencias cambiarias, lo cual trajo algo de alivio al Gobierno.
