El fiscal federal Nº 1 de Santa Fe, Gustavo Onel, formuló la Requisitoria de Elevación a Juicio que tiene involucrado al líder de la agrupación policial Apropol, Alberto Martínez, como así también a tres sargentos que prestaron servicio en la Policía de la Provincia durante los días del conflicto: Fabricio Javier Abasto, Claudio Marcelo Patiño y Mauricio Miguel Pagani.
La causa tuvo su inicio a partir de una denuncia radicada por el entonces fiscal de Estado de la provincia de Santa Fe, Pablo Saccone, el día 10 de diciembre de 2013 –fecha en la que cesó el conflicto. A partir de allí, el fiscal federal Walter Rodríguez, que en dicho momento estaba al frente de la Fiscalía que conduce en la actualidad Onel, inició una pesquisa judicial que tuvo bajo la lupa al líder de Apropol y a otros agentes policiales como organizadores del conflicto.
En la requisitoria de elevación a juicio, el fiscal Onel le atribuyó a Martínez “haber instigado, a partir del 3 de diciembre de 2013, y hasta el 10 del mismo mes y año, la comisión de delitos por parte de terceras personas que tenían estado policial, respecto de los cuales tenía una incidencia concreta, en virtud de lo cual estos ejecutaron un plan penalmente relevante consistente en alzarse en armas contra el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe”. Dicha acción, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal, tuvo como fin “arrancarle a dicho poder estatal una medida o concesión que consistió en el dictado del Decreto Nº 4.221/2013”.
En la investigación se develó que Martínez “utilizó diversos espacios virtuales de la organización Apropol (agrupación sin reconocimiento legal alguno, conformada por personal policial de la provincia en actividad y en situación de retiro), como son las cuentas “@apropol” en Twittter, “Apropol Santa Fe” en la red social Facebook, y también su cuenta personal de Twitter “@gaucho Martínez”, para efectuar publicaciones con el objetivo de instigar a distintos actores a alzarse en armas contra las autoridades políticas provinciales, a fin de arrancarles una medida o concesión”.
En tanto, fue imputado como quien amenazó al entonces gobernador Bonfatti mediante mensajes de texto que fueron enviados durante los días 4, 6 y 7 de diciembre del 2013 desde el teléfono cuya titularidad es de su esposa.
