Por medio de su abogado particular, el ministro de Seguridad se constituyó tras un dictamen resuelto por Sergio Carraro, juez penal de Santa Fe.
La causa que investiga cómo se filtraron las escuchas telefónicas que fueron realizadas al celular oficial del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, sumó un nuevo capítulo en los tribunales de Santa Fe. El episodio se dio el martes luego de que el juez Sergio Carraro dictara una resolución donde admite al funcionario provincial como querellante en la pesquisa judicial que es encabezada por los fiscales de Rosario, Juliana González y Gustavo Ponce.
El ministro de Seguridad tendrá participación en la investigación y lo hará mediante su abogado, Pablo Cococcioni. Este último se desempeña como funcionario del gobierno provincial, ya que es el titular de la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Articulación con el Poder Judicial.
La constitución de querellante iba a darse en el marco de una audiencia pero tras la presentación de un escrito del abogado Néstor Oroño en la jornada del martes, que representa a los fiscales que están siendo investigados en la causa, Roberto Apullán y María Laura Martí, la admisión fue automática.
El caso remonta al 2017, cuando el titular de la cartera de Seguridad denunció la divulgación de las escuchas que formaban parte de una intervención telefónica a su móvil oficial. Dicha intervención se dio por orden del juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Falkenberg, cuando los fiscales Apullán y Martí investigaban al exjefe de Policía, Adrián Rodríguez, por cohecho.
