La nueva Directiva está contenida en un anexo del decreto 703/2018, que además de Macri firman el jefe de gabinete Marcos Peña, los ministros de Defensa, Oscar Aguad, y de Seguridad, Patricia Bullrich, y el canciller Jorge Faurie. Entre sus curiosos fundamentos el gobierno retoma objetivos de campaña como gestionar “la lucha contra el narcotráfico, la reducción de la pobreza y la unión de los argentinos”. Admite que la naturaleza de las “problemáticas” para justificar la incursión militar en seguridad “exceden las competencias del Ministerio de Defensa” pero sugiere que su “envergadura exige la colaboración de todas las áreas”.
En el “Diagnóstico global” se apela a la “redistribución del poder global” como potencial fuente de conflictos para llegar a los actores “de naturaleza no estatal”. En línea con la doctrina de las “Nuevas amenazas”, que evita mencionar, se apunta como problema central al “terrorismo internacional”, más complejo cuando confluye con “el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas y delitos que se cometen con asistencia de las nuevas tecnologías de la información”. Abordar esas luchas exige “una estrecha articulación nacional e internacional, que incluya la participación de organismos gubernamentales y de la sociedad civil”, admite el mismo Ejecutivo que esquiva al Congreso para tratar cuestiones de Defensa y carece de diálogo con organizaciones civiles y académicos especializados en la materia.
El “Diagnóstico regional” admite que América del Sur es “zona de paz” pero sugiere que la “crisis política, humanitaria, social y sanitaria” de Venezuela “atenta” contra su “consolidación”. Fiel a su política de criminalizar la inmigración, el Ejecutivo considera que el “creciente flujo de refugiados” venezolanos generaría “condiciones propias para la criminalidad organizada y el narcotráfico”. A falta de “conflictos militares”, retoma el énfasis en “el aumento de problemáticas de seguridad transnacional”. “Las estrategias de lucha contra el narcotráfico son objeto de debate en la región, particularmente en lo que respecta al modo en que debe abordarse el conflicto y a las agencias que deben intervenir en la prevención, conjuración e investigación de este fenómeno delictivo”, admite, aunque pasa por alto que las principales experiencias regionales que incluyeron a los militares en la denominada “lucha contra el narcotráfico”, como Colombia o México, derivaron en rotundos fracasos.
Ante la ausencia de “amenazas convencionales directas”, el decreto enumera “riesgos” o “indicios de voluntad de daño” y “desafíos para la Defensa”. Entre los riesgos menciona la “competencia por recursos estratégicos”, “ataques externos a objetivos estratégicos”, el uso del “ciberespacio con fines militares” y el “impacto de la criminalidad transnacional”. “La responsabilidad primaria” de atender esos fenómenos “corresponde a los organismos de seguridad”, admite el decreto, y como todo fundamento para justificar la invasión de esferas agrega que las Fuerzas Armadas “cuentan con capacidades” para dar apoyo.
En el capítulo sobre “Prioridades y lineamientos” en Defensa, el gobierno sostiene que las “mutaciones” exigen actualizar “el despliegue territorial, la doctrina y estructura organizacional del Instrumento Militar”, que de ahora en adelante “será empleado de forma disuasiva o efectiva ante conflictos originados por agresiones de origen externo contra espacios de jurisdicción nacional, la soberanía, la integridad territorial, la capacidad de autodeterminación” del país y “la vida y libertad de sus habitantes”. El sistema de defensa actuará en “la vigilancia, control y preservación” del “espacio marítimo insular y fluvial, aeroespacial, ciberespacial, espacial y terrestre”. Defensa debe fortalecer la vigilancia de “los espacios terrestres de interés” y de los “objetivos estratégicos”, conceptos que no deja en claro quién definirá y que abren las puertas al retorno del espionaje militar sobre la población civil. En el caso del “apoyo logístico en zonas de frontera”, los militares deberán sentarse con Bullrich para diseñar “mecanismos” que aseguren “una adecuada sinergia” con gendarmes y prefectos.
En las “Instrucciones para reforma” militar se resume el ajuste sobre los uniformados. Toda unidad no involucrada “en tareas prioritarias” deberá “reducir su estructura de personal” y compensar la poda con “la incorporación planificada de reservas”. Aguad deberá proponer un “listado de instalaciones no necesarias”, un “plan de racionalización” de agregadurías militares, una nueva Ley de Personal Militar que incremente “la eficiencia y eficacia”.
Fuente: Página/12
