La Fiscalía acusó a dos hombres de una agrupación filonazi y dos empleadas del gobierno santafesino de golpear a un grupo que se manifestaba a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.
Este jueves la Justicia imputó a cuatro personas acusadas de agredir a un grupo de mujeres que se manifestaban a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en una plaza de la capital santafesina. Dos de los acusados forman parte de la agrupación filonazi Bandera Vecinal, una trabajaba para el programa de asistencia de víctimas del Ministerio de Seguridad (y fue separada del cargo) y la otra es docente de la escuela primaria San Francisco. Desde la Fiscalía dijeron que hubo otras dos personas que también pudieron estar involucradas, pero no las pudieron identificar aún.
En las oficinas de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) la fiscal, Mariela Jiménez presentó este jueves la imputación contra dos hombres, uno de 47 y otro de 49, y dos mujeres de 54 y 26 años. Les atribuyó los delitos de lesiones leves, agresión con arma y amenazas, todos agravados por tratarse de un hecho discriminatorio, según la ley 23.592 de 1988. Una fue imputada como partícipe secundaria de los delitos de lesiones leves, agresión con arma y amenazas y autora de encubrimiento agravado. Según la fiscal, las golpearon, mordieron, les tiraron los pelos, las insultaron y las amenazaron con palos. “Alentaron el odio contra el grupo de personas que estaban manifestándose en un espacio público, entre las que había menores de edad”, dijo la investigadora sobre lo que pasó el martes 7 de agosto en la plaza 25 de Mayo.
Ellas
Hay dos mujeres imputadas: Isabel Ormachea y Silvia Marcela Quiñonez. Una grabación de la agresión en la plaza fue subida a las redes sociales y se viralizó hasta que el Gobierno de Santa Fe y los legisladores intervinieron en el caso. El subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Publio Molinas, pidió los ministros Maximiliano Pullaro (Seguridad) y Claudia Balagué (Educación) separar a las mujeres de sus cargos. La semana pasada el gobernador Miguel Lisfchitz firmó el decreto para correr a Quiñonez. “No hay lugar en el Estado para este tipo de actores que abiertamente promueven y reivindican la violencia y la intolerancia”, había dicho Molinas y agregó que aún investigan un ataque de dos chicos contra una chica de 15 años el sábado 11 por la tarde a una cuadra de la catedral. Ella llevaba un pañuelo verde de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La golpearon y le cortaron una ceja con una Gillette.
La trascendencia del caso llevó a que los diputados de la comisión de Derechos y Garantías recibieran a los familiares de las víctimas atacadas. Alicia Gutiérrez, al frente de la comisión, presentó un informe al presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, sobre las amenazas y agresiones a militantes feministas. “Las adolescentes, algunas de 13, 14 y 15 años, fueron golpeadas por personas mayores que se identificaron como integrantes de un partido (Bandera Vecinal), ante la mirada de las fuerzas policiales que no actuaron en ningún momento, en el marco de una manifestación pacífica a favor de la ley de despenalización del aborto”, señalaron en el informe.
