El fiscal federal Carlos Stornelli pidió acusar a la expresidenta Cristina de Kirchner de 913 hechos de sobornos en el marco de la causa en la que se investigan presuntas coimas en la obra pública y, en paralelo, solicitó la detención de empresarios acusados.
Los fiscales Stornelli y Carlos Rívolo apelaron el fallo del juez Claudio Bonadio de la semana pasada quien procesó a la expresidenta como “jefa” de una asociación ilícita y dispuso misma medida sobre empresarios investigados aunque sin ordenar la detención de varios de ellos.
Ahora, la apelación del Ministerio Público Fiscal y las defensas ya comienza a ser evaluada por la sala I de la Cámara Federal.
Los fiscales pidieron que la expresidenta sea alcanzada por 913 hechos de dádivas pues reclaman ellos que ese sea la calificación del delito y no de cohecho: reclaman que se la acuse por aquellos que anotó en sus cuadernos el chofer Oscar Centeno así como de otros que surgen de las declaraciones de los arrepentidos.
Asimismo, reclamaron que al igual que la acusación sobre el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y su entonces segundo Roberto Baratta, tanto los empresarios Carlos Wagner y Gerardo Ferreyra como el financista Ernesto Clarens y el exsecretario de obras públicas José López sean considerados “organizadores” de la asociación ilícita investigada. Es porque realizaron “mayores aportes” a la asociación ilícita, consideraron en el escrito de apelación.
También pidieron la detención de cuatro empresarios procesados como ser la de Alejandro Pedro Ivanissevich, Manuel Santos Uribelarrea, Hugo Alberto Dragonetti y Hugo Antranik Eurnekian.
Asimimso lo solicitó para Jorge Juan Mauricio Balan, Benjamín Gabriel Romero, Enrique Menotti Pescarnoma y Clarens pero no irán a la cárcel porque son beneficiarios por haber declarado como arrepentidos.
En cuanto a seis empresarios beneficiados con falta de mérito por Bonadio quienes son Jorge Guillermo Neira, Héctor Javier Sánchez Caballero, Rodolfo Armando Poblete, Héctor Alberto Zabaleta, Francisco Rubén Valenti y Osvaldo Antenor Acosta, los fiscles pidieron ante la Cámara Federal que sean procesados.
En cuanto a las situaciones del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y su secretario Martín Larraburum, quienes fueron indagados por Bonadio pero que aún no definió si impone procesamientos, los fiscales los acusan de ser “miembros” de la asociación ilícita.
