Las y los jóvenes con discapacidad menores de 18 años tienen casi cuatro veces más posibilidades que otros adolescentes de ser víctimas de abuso y las niñas con discapacidad intelectual son las que corren más riesgo, según un informe del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) que fue presentado en Buenos Aires.
El trabajo, que lleva el título “Decidimos. Jóvenes con discapacidad por la igualdad de derechos y una vida sin violencia”, describe la situación de los jóvenes con discapacidad a nivel global en relación con la discriminación sexual y la violencia basada en el género, incluidos los efectos sobre su salud y derechos sexuales y reproductivos, a la par que también identifica avances legales y buenas prácticas. A su vez emite recomendaciones a los Estados para implementar políticas públicas que promueven la inclusión social y la igualdad de género en este grupo.
La presentación del informe, que se realizó en la Agencia Nacional de Discapacidad, contó con la participación del Director de Género, Derechos Humanos y Cultura de UNFPA Global, Luis Mora, entre otros especialistas.
Globalmente se estima que más de 1000 millones de personas padecen de algún tipo de discapacidad, de los cuales entre 180 y 200 millones son jóvenes entre 10 y 24 años. “Las y los jóvenes con discapacidad son como los jóvenes de todo el mundo: tienen sueños y ambiciones, intereses y deseos y esperanzas para su futuro. Pero los jóvenes con discapacidades se enfrentan a desventajas sociales persistentes debido a la discriminación, el estigma y los prejuicios y las dificultades a la hora de incorporar la discapacidad en el diseño de políticas y programas”, indica el informe.
El texto advierte que los datos desglosados por tipo de discapacidad, sexo y edad siguen siendo escasos; sin embargo, las evidencias de todo el mundo sobre la violencia sexual y de género y los derechos y la salud sexual y reproductiva de las y los jóvenes con discapacidad revelan que los derechos de los jóvenes con discapacidad, especialmente de las mujeres jóvenes y las niñas con discapacidades, corren un grave riesgo:
• Las y los jóvenes con discapacidad menores de 18 años tienen casi cuatro veces más probabilidades que sus pares sin discapacidad de ser víctimas de abusos, y son los jóvenes con discapacidad intelectual, especialmente las niñas, quienes corren el mayor riesgo.
• Las niñas y mujeres jóvenes con discapacidad tienen más probabilidades de sufrir violencia que cualquiera de sus pares hombres con discapacidad o que las niñas y mujeres jóvenes sin discapacidad. Uno de los pocos estudios existentes sobre la temática muestra que un 62% de las mujeres con discapacidad menores de 50 años habían experimentado violencia desde la edad de 15 años, y que las mujeres con discapacidad habían sufrido violencia sexual tres veces más que aquellas sin discapacidad.
• A las mujeres jóvenes y las niñas con discapacidad, casi sin excepción, se les niega el derecho a tomar decisiones por sí mismas sobre su salud reproductiva y sexual, incrementando así el riesgo de violencia sexual, embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. En un estudio realizado en Etiopía, sólo un 35% de los jóvenes con discapacidad utilizaron anticonceptivos en su primer encuentro sexual y el 63% había tenido un embarazo no planificado.
• Las y los jóvenes con discapacidad tienen menos probabilidades de terminar la educación primaria y es más probable que se les niegue el acceso a la educación, dando lugar a un mayor riesgo de exclusión social y pobreza cuando llegan a la edad adulta. Las mujeres con discapacidad tienen una tasa de empleo del 19,6%, en comparación con el 52,8% de los hombres con discapacidad y el 29,9% de las mujeres sin discapacidad.
• Las y los niños con discapacidad se encuentran entre los grupos de niños más marginados y excluidos. Según un informe realizado en Canadá, el 53% de los niños con discapacidad informó no tener ningún amigo cercano o tener solo un amigo cercano, y un porcentaje significativo dijo que se les rechazaba o evitaba en el colegio.
De acuerdo con UNPFA, el estudio pretende contribuir a fortalecer las leyes y políticas nacionales que promueven la inclusión social y la igualdad de género para el beneficio de las y los jóvenes con discapacidad, especialmente las mujeres jóvenes y las niñas; eliminar la discriminación, particularmente en lo que se refiere al acceso y al disfrute de derechos de salud sexual y reproductiva y a la prevención de la violencia de género; y reconocer y promover su derecho a ser miembros activos de la sociedad con una capacidad reconocida para tomar decisiones sobre cuestiones que les afectan. El estudio también pretende identificar las áreas en las que faltan datos o en las que estos son insuficientes y donde la investigación adicional sería valiosa.
El informe presenta tres recomendaciones principales:
•La participación de las y los jóvenes con discapacidad es fundamental para comprender los problemas y desarrollar nuevas leyes, políticas y programas. Los jóvenes con discapacidad son los socios más importantes de los estados, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores para identificar las barreras que se oponen a la realización de la su salud sexual y reproductiva y sus derechos y al acceso a la prevención y respuesta ante la violencia de género y para desarrollar nuevas políticas y prácticas que garanticen su pleno acceso e inclusión.
• La igualdad formal y sustantiva es fundamental para que las y los jóvenes con discapacidad puedan disfrutar plenamente de sus derechos humanos. Los estados no sólo deben eliminar las leyes y normativas discriminatorias y garantizar la igualdad como una cuestión de derecho, sino que también deben prestar atención a las distintas necesidades de los jóvenes con discapacidad en el marco de las leyes, políticas y programas. La igualdad para los jóvenes con discapacidad en el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos y en la prevención y respuesta a la violencia de género debe ser formal y sustantiva.
• Los estados deben adoptar medidas para eliminar el estigma, los prejuicios y la discriminación contra los jóvenes con discapacidad para su plena inclusión. La sensibilización, la capacitación y otras iniciativas que incluyan a todos los actores de la sociedad, desde los jóvenes con discapacidad y sus familias hasta los tomadores de decisiones, proveedores de servicios, y el público en general, pueden cambiar las normas sociales perjudiciales en el seno de las comunidades, fomentar el desarrollo de leyes y políticas, y eliminar las barreras al acceso a servicios.
