El juez en lo comercial Pablo Tejada dispuso la intervención judicial de la empresa de correo privado OCA y desplazó a sus autoridades. La medida llegó tras un pedido de la AFIP, que denunció a la empresa vinculada a la familia de Hugo Moyano por una importante deuda impositiva.
Según la AFIP, “la firma concursada ocultó bienes, omitió informaciones que el juez o el síndico le requerían, incurrió en falsedad y realizó actos en perjuicio evidente de los acreedores”.
El juez decretó como medida cautelar la designación de un interventor administrador judicial de la empresa concursada. Hasta que asuma el interventor, la empresa estará administrada por los síndicos designados en el concurso de acreedores de la compañía.
A principios de este mes, la AFIP había denunciado a Patricio Farcuh ante la Justicia por el vaciamiento de su empresa, tras haber verificado numerosas maniobras para desviar sumar millonarias de la firma OCA entre 2016 y 2018 para fines ajenos a la compañía.
Farcuh -vinculado a Facundo Moyano- le debe a la AFIP más de 5000 millones de pesos, informaron a Clarín fuentes judiciales.
La denuncia, que fue una ampliación de una previa realizada en 2017 por insolvencia fiscal fraudulenta, se había radicado en el Juzgado en lo Penal Económico Número 9 a cargo de Javier López Biscayart.
La denuncia advirtió que el acusado contrató “diversos proveedores apócrifos y no vinculados” al giro comercial de OCA. Entre otros, se constató la adquisición millonaria de bienes y servicios suntuarios para el propio titular de la firma, como la compra de motos de alta gama, relojes costosos, servicios de vuelos aéreos para personas del ambiente artístico y político, además de servicios y bienes del exterior.
También se verificaron contrataciones de empresas vinculadas al propio Farcuh y a su hermano, por “montos ubicados por encima del valor del mercado“.
Todas estas transacciones irregulares derivaron en una evasión agravada en los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado, lo que motivó la ampliación de la denuncia en el marco de la Ley Penal Tributaria.
La investigación de la AFIP está en sintonía con las denuncias del co-administrador del concurso preventivo de la firma, Marcelo Griffi, quien por este motivo renunció a su cargo.
