El ex presidente, preso por corrupción, había buscado estirar el plazo para tomar la decisión, pero no tuvo éxito.
El ex presidente Lula da Silva saldó finalmente la situación de incertidumbre que había generado la ausencia de definición sobre su reemplazo en la fórmula presidencial que lleva el Partido de los Trabajadores y sus aliados. Este martes será oficializada la candidatura de Fernando Haddad, ex ministro de Educación y ex alcalde de San Pablo. Se cumplirá así el plazo estipulado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) que había intimado a la coalición Brasil Feliz de Nuevo a concretar el rearmado en un lapso máximo de 10 días.
Los abogados del ex presidente buscaron estirar los tiempos para la definición hasta el 17 de este mes. Pero ya se advertía que, de prórroga en prórroga, irían a disminuir las chances de Haddad de aumentar su caudal de votos. Según una encuesta del Instituto Datafolha publicada la noche de este lunes, el ex profesor universitario logró salir de un pálido 4% para trepar a 9%. Esto lo coloca prácticamente en paridad con el socialdemócrata Geraldo Alckmin (PSDB) y la ecologista Marina Silva (Red), ambos con 11% de intenciones de voto. Por su parte, el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro (PSL) alcanzó el 24% y Ciro Gomes (PDT) tuvo el 13% de las preferencias. Esta fue la primera investigación de Datafolha después del ataque a Bolsonaro y también la primera encuesta que excluye el nombre del ex presidente Lula, preso en Curitiba desde abril. El mismo informe sostiene que Bolsonaro tiene la mayor tasa de rechazo, el 43%. Silva presenta un 29%; Alckmin, 24%; Haddad, 22% y Ciro, 20%.
Los defensores de Lula pretendían un objetivo a todas luces muy difícil, sino imposible, de obtener: que la Corte Suprema declarase nula la “inelegibilidad” del ex jefe de Estado, decidida hace 10 días por el Tribunal Superior Electoral por el voto mayoritario de 6 jueces contra uno en disidencia. En aquella oportunidad, los abogados contaban con una carta de las Naciones Unidas donde se pidió al gobierno brasileño que respete los derechos políticos del ex presidente preso.
A Lula lo detuvieron por un supuesto delito que mereció la condena del juez Sergio Moro, cuestionado por contar con pocas pruebas y acusado de intencionalidad política. Luego, en las mismas condiciones de escasez probatoria, el fallo fue ratificado por un tribunal de segunda instancia de Porto Alegre. Con esas dos resoluciones en mano, Moro tuvo la oportunidad de recluir al líder político en un cuarto de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba. Allí se definió buena parte del futuro del país más grande de la región.
Ayer, en el inicio de una semana decisiva en términos electorales, una nueva carta del Comité de Derechos Humanos de la ONU indicó que Brasil, al firmar el tratado de respeto a los derechos políticos, debía garantizar sí o sí que Lula pueda continuar como presidenciable.
Tal postura provocó reacciones encontradas tanto en la justicia brasileña como también en el nivel militar. El jefe del Ejército general Eduardo Villas Boas, declaró hace dos días que ese posicionamiento del comité internacional “es una intervención inaceptable” en las cuestiones internas de Brasil.
La nueva jugada planteaba volver a presentar esa misiva de la ONU ante los jueces de la Corte Suprema y revertir la “inelegibilidad”.
A último momento, con la intuición de que Lula como candidato no tenía prácticamente perspectivas de prosperar, el propio ex jefe de Estado resolvió que Haddad será la cabeza de la nueva fórmula.
