La diputada nacional de Cambiemos e integrante de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación, Gisela Scaglia, afirmó que la Agencia Nacional de Discapacidad ya comenzó a regularizar los pagos con los prestadores de servicios para personas con discapacidad, beneficiarias del Programa Federal Incluir Salud, en la provincia de Santa Fe.
“Es importante llevar tranquilidad de que vamos a pagar todo lo que haya que pagar porque queremos estar al día y corregir todo el desorden y distorsiones que dejó el gobierno anterior en la Agencia”, sostuvo Scaglia y añadió que el organismo cuenta con el quinto presupuesto de la Nación en términos de recursos. “Es un tema que nos sensibiliza a todos y, por tanto, queremos que el sistema funcione bien. No es nuestra voluntad que haya recortes, sino ordenar un sistema que estaba bastante desordenado a partir de una mala gestión”, remarcó.
La legisladora reconoció que hubo demoras en la transferencia de fondos a las instituciones y transportistas, pero aseguró que “actualmente, el Programa ya pagó el 64% de la deuda total con los prestadores de servicios de discapacidad en Santa Fe” y adelantó que “el restante 36% se cancelará durante los próximos 10 días”.
“Siempre los pagos se realizaron a 90 días; es cierto que esta vez hubo una demora mayor, que vamos a corregir. En ese sentido, estamos terminando de pagar el periodo a mayo y nos quedará pendiente el próximo”, aclaró la referente de Cambiemos en la provincia y agregó que “estamos dispuestos a dialogar con todas las instituciones que deseen hacerlo”.
Por otra parte, Scaglia llamó a “erradicar esa idea de que aquellas personas que realmente necesitan la asignación no la van a tener. Eso es mentira; las personas que demuestran su discapacidad y tengan las condiciones para acceder a una pensión la tendrán como siempre. Lo que sí habrá es más controles respecto a aquellas que no les corresponde”, indicó.
En ese sentido, la diputada señaló que “en los últimos años de Kirchnerismo, pasamos de 200 mil asignaciones de pensiones a 1.800.000, con pueblos que tienen el 90% de personas con discapacidad, por lo que probablemente mucha gente a la que no le correspondía esa pensión la obtuvo”.
“Se han detectado ciertas incompatibilidades en la Agencia, como personas que residen en el extranjero y cobran pensión por invalidez laboral, u otras que no se han presentado a cobrarla durante tres meses consecutivos”, señaló, por lo que indicó que se está procediendo a actualizar la información de los beneficiarios enviando notificaciones a los domicilios de los mismos, “con el objetivo de brindar transparencia y que este derecho llegue a la persona que realmente corresponda”.
“La nueva presidencia de la Agencia plantea avanzar sobre el mayor control posible respecto a las personas que realmente tienen que ser beneficiarias de una pensión por discapacidad laboral. Necesitamos que aquellos que se incorporan tengan cupos suficientes y si tenemos el sistema colapsado con gente a la que quizá no le corresponde, no va a funcionar”, explicó.
Para finalizar, Scaglia apuntó que también buscarán acortar los tiempos entre la solicitud y la asignación de la nueva pensión. “Tenemos que bajar ese tiempo porque es una necesidad de las personas que realmente necesitan de la pensión”, resaltó.
