Este martes se cumplen siete años desde que Paula Perassi fue vista por última vez. Ese 18
de septiembre cayó domingo y cerca de las 20, Paula salió con el pretexto de buscar la tarea
a uno de sus hijos y nunca más regresó.
Creen que murió en un aborto forzado. Su padre, Alberto, aún reclama su cuerpo. “Ese fue mi trabajo siempre, encontrar los huesos”, dijo. La causa estuvo por mucho tiempo estancada hasta que se logró la imputación de nueve personas. Ahora los Perassi esperan el juicio que estiman, será después del de Salta 2141.
“Siete años es una locura”, dijo Alberto Perassi. Desde el primer día, el papá de Paula apuntó a un entramado que incluía policías y funcionarios para encubrir lo que pasó con su hija.
“Hoy a siete años no sabemos qué pasó con Paula. Esperemos que aparezca el cuerpo, ese fue mi trabajo siempre”, insistió. El juicio sería después del de la tragedia de calle Salta que está fechado para el 15 de noviembre, con lo cual, posiblemente sea el año que viene.
La causa dio un vuelco cuando los fiscales Ramón Moscetta y Donato Trotta solicitaron en abril de 2015 al juez Juan José Tutau la detención de nueve personas sobre la hipótesis del crimen y una red de encubrimiento; entre ellos al amante de Paula, Gabriel Strumia. Cuando desapareció, Paula, de entonces 34 años, estaba embarazada y parentemente el bebé era de Strumia.
Además de Strummia, fueron detenidos su esposa, Roxana Michl; su empleado Antonio Díaz y la
partera Mirta Rusñisky, quien habría practicado el aborto que salió mal. También hay cinco policías imputados, dos de ellos, de alto rango: Gabriel Godoy, Aldo Gómez, María Galtelli; y los jefes Jorge Krenz y Adolfo Daniel Puyol.
La figura que se les imputa a los civiles era “aborto sin consentimiento seguido de muerte” y “privación ilegítima de la libertad agravada”. A los policías, se los acusa de “encubrimiento” del crimen e “incumplimiento de sus deberes”, y en marzo último les revocaron el sobreseimiento en los delitos de “sustracción y destrucción de pruebas” y
“falsedad ideológica de instrumento público”.
“Están todos sucios y son parte del mismo paquete –aseguró Perassi–. Yo dije que acá jugaba un teléfono político y una billetera con dólares”.
La hipótesis es que la víctima fue secuestrada y sometida a una aborto que le causó la muerte. Todos los imputados están con prisión domiciliaria, pero los más complicados en la causa son Strumia y Puyol, acusados de “aborto seguido de muerte y privación ilegítima de la libertad”. El resto habría colaborado para encubrir lo ocurrido.
Según publicó Rosario12, entre las pruebas que desaparecieron del expediente hay un casette con la grabación de una llamada telefónica realizada desde la finca de Strumia cuando estaba intervenida la línea. En ese audio, que fue escuchado por los padres de Paula, la voz de una mujer clama por ayuda. Sin embargo, Alberto y Alicia aseguraron que la voz de la persona que estaba del otro lado de la línea no sonaba a la de su hija.
Otros hechos en los que tuvieron responsabilidad los policías son la ausencia de una carta dirigida a Darío Ortiz (amigo de Strumia) firmada por la víctima; las demoras para conseguir la filmación de un locutorio donde fue hecha una llamada telefónica de importancia (que hubiera servido para develar o no la presencia de algunos de los coimputados), y hasta el rastrillaje desencadenado por el testimonio de Roxana Michl, esposa de Strumia, y su hijo
menor, quienes aseguraron haber visto a la joven desaparecida en una garita de colectivos.
Este procedimiento tuvo como resultado la obtención de ropas pertenecientes a Paula, las que según el fiscal fueron plantadas y que para el juez “puede ser el fruto de una maniobra prefabricada para enlodar la investigación contra los sindicados por los delitos en contra de Paula Perassi y en la cual pudo inmiscuirse personal policial para tal armado”.
