Fue publicada en el Boletín Oficial el lunes, un día antes del paro. Le quitan a los gremios la facultad de emitir los certificados de libre deuda de aportes.
Allá lejos, en abril pasado, los gremios ferroviarios firmaron su paritaria en línea con la pauta salarial que pretendía en aquel momento la Casa Rosada: 15 por ciento, en dos cuotas, y con cláusula de revisión en septiembre. Los dirigentes sindicales y las empresas del sector estuvieron reunidas el lunes pasado: los sindicatos reclamaron una actualización salarial de inmediato. Les ofrecieron una suba del 10%, pero recién a partir de octubre.
La oferta fue rechazada por tardía -recién se cobraría con los salarios de noviembre- y escasa: los sueldos aumentarían a 25% cuando la inflación estimada para este año supera el 40%.
En la mesa de negociación los gremialistas no lanzaron ninguna advertencia, pero tampoco hizo falta. Si la oferta no es mejorada, se proponen ir al paro en el corto plazo.
El caso de los ferroviarios sirve de modelo para el intríngulis en el que se encuentra el Gobierno. En plena negociación con el FMI, de ajuste y de búsqueda de déficit cero carece de suficientes recursos para atender los reclamos sindicales. En junio, en la víspera del anterior paro general de la CGT, Mauricio Macri había habilitado por decreto una suba adicional del 5%. Aunque ese plus estuvo limitado a las actividades que pudieran pagarlo, al menos sirvió de gesto.
Esta vez no hubo nada. O sí, pero al revés. El lunes se conoció -es decir el día previo al paro general- una resolución que fue interpretada desde los gremios como una señal belicosa porque los perjudica.
Se trata de la resolución 20/2018 de la Secretaría de Trabajo que establece “la inexigibilidad del certificado de libre deuda de cualquier índole y concepto por parte de las entidades sindicales, cualquiera sea su grado y ámbito de representación”.
En criollo: el Gobierno les quitó a los sindicatos el poder de policía que tenían para emitir los libres deudas de aportes, contribuciones, obra social, cuotas solidarias y sindicales.
Si una empresa, cualquiera, quería contratar, por ejemplo, a una firma de seguridad, antes exigía el libre deuda de los trabajadores.
Según fuentes sindicales, la emisión de ese certificado tiene costo cero. El negocio de los sindicatos es que para la emisión las empresas tienen que ponerse al día con los aportes.
La autoridad de control pasa ahora a ser de la Secretaría de Trabajo. Con sarcasmo, en los gremios subrayaban que esa misma dependencia es la que debe fiscalizar el trabajo en negro, que hoy alcanza el 34,3%. En los sindicatos prevén que ante la falta de obligación de presentar el libre deuda, caerán los aportes.
Aun siendo ingenuo, es difícil no conectar la resolución con el paro fue publicada en el Boletín Oficial justo el día previo al paro cegetista y en simultáneo a la protesta que ese día realizaron Camioneros, La Bancaria, las CTA, gremios K y la izquierda.
En mayo hubo un escándalo con los certificados de “libre deuda sindical”. Fue por el caso de Nancy Pastorino, dueña de una empresa de transporte. La mujer viralizó unos audios en los que gente de Camioneros le exigía el pago de una deuda de $ 1,2 millones, que para ella era inexistente.
Este martes, los dirigentes de la CGT charlaron sobre la resolución y cargaron en especial contra un funcionario: el secretario de Trabajo Jorge Triaca. Lo acusan de ser el autor intelectual de la resolución. El funcionario no atendió a Clarín.
La lectura en la central es que el Gobierno no está en condiciones de ofrecerles nada y que lo que se avecina es un endurecimiento gremial. Signo de los tiempos austeros: en vez de los clásicos asados de los días de paro, este martes se sirvieron empanadas y sándwiches de miga. Lo que llevó a Luis Barrionuevo a bromear: “Que vuelva Hugo (Moyano), que con él sí se comía bien en la CGT”
