La Corte Internacional de Justicia rechazó este lunes por doce votos a favor y tres en contra que Chile esté obligada jurídicamente a entablar negociaciones con Bolivia para que este país obtenga un acceso soberano al Pacífico.
La Corte de la Haya concluyó que las notas, actas y diferentes declaraciones entre ambos países a lo largo del siglo XX y principios del XXI implican que ha existido una intención de negociar por parte de Chile, pero ello no significa que este país haya adquirido una obligación jurídica.
Derrotado, la imagen de Evo Morales sufre las consecuencias de su virulento discurso que lo llevó a transformar la demanda en uno de los símbolos de su Gobierno.
“La arrogancia, el rencor, el descontrol de la lengua y el odio a expertos en derecho internacional condujeron a Evo Morales, su Gobierno y su equipo a uno de los mayores fracasos internacionales”, afirmó el ex vicepresidente boliviano Víctor Hugo Cárdenas en su cuenta oficial en Twitter. Y agregó: “Se preocuparon de la fiesta en vez del minucioso y serio trabajo jurídico y diplomático”.
Para Cárdenas, el fallo de La Haya es “una derrota jurídica histórica aunque injusta causada por el Presidente, su gobierno y su equipo. El gobierno del MAS es el responsable del fracaso por su actitud electoralista, frívola y confrontacional. Sólo otro gobierno, serio y responsable puede conducir el futuro diálogo”.
En la misma línea se expresó la ex presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia y ahora opositora, Rebeca Delgado, consideró que el fallo “ha dejado abierta una puerta para que el gobierno de Evo Morales Ayma y su cúpula respeten el voto del 21F y salgan por esa puerta democrática respetando la Constitución”.
Delgado, con su crítica, hace referencia al referéndum del 21 de febrero de 2016, en el que el 51,3% de votantes dijo “No” a la re- reelección, lo que obligaba al presidente Morales a entregar la silla presidencial a su sucesor el 22 de enero de 2020. Sin embargo, y a pedido del Movimiento Al Socialismo (MAS), en noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió dar vía libre a la reelección de todos modos, desconociendo la voluntad popular.
El mandatario boliviano sigue la lectura de la sentencia desde el Tribunal, en La Haya
“El fallo del Tribunal de La Haya ha sido un golpe muy duro para las expectativas históricas de Bolivia, pero sobre todo para el gobierno de Morales que hubiese utilizado un fallo distinto para movilizar a una parte del país a favor de su reelección inconstitucional”, consideró José Antonio Quiroga, analista político boliviano en diálogo con Emol. “Las primeras reacciones en redes sociales son de lamentación colectiva pero también de inculpación política: será inevitable que los gestores de la demanda reciban una fuerte desaprobación ciudadana en los próximos días y semanas”, añadió.
El analista político boliviano Franco Gamboa, también en diálogo con Emol, aseguró que el fallo marcará la imagen de Morales ante sus ciudadanos. “Hay una enorme afectación (a la imagen de Morales), que sin duda va a ser recibida con un enorme grado de decepción. (…) Él apostó por un fallo favorable, apostó por una reivindicación que destaque el acceso al mar con soberanía. Este fallo no solo contradice estas expectativas, si no que de alguna forma cierra algunos canales de comunicación que también eran parte de la previsión en el mediano plazo de la demanda boliviana”, explicó el académico.
El fallo
El alto tribunal de la ONU rechazó obligar jurídicamente a Chile a entablar dichas negociaciones con Bolivia y reconoció que las diferentes notas, actas y declaraciones entre ambos países a lo largo del siglo XX y principios del XXI implicaban que ha existido una intención de negociar por parte de Chile, pero ello no implica que este país haya adquirido durante esos episodios una obligación jurídica de negociar.
Los magistrados también rechazaron el argumento de La Paz de que los diferentes contactos entre las partes le habrían generado “expectaciones legítimas” a Bolivia, pues éstas sólo deben ser consideradas en “laudos arbitrales entre un inversor privado y un Estado”, pero no en un juicio entre Estados.
Asimismo, el fallo añadió que las diferentes resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) conminando a ambos países a sentarse a negociar “no constituyen una base legal para establecer una obligación a negociar”, rechazando otra de las tesis de Bolivia.
La sentencia de hoy es inapelable y de obligado cumplimiento, por lo que supone el último episodio del camino judicial comenzado por Bolivia en 2013.
