“Lamento que los Concejos de Rosario y Santa Fe no hayan tenido la misma repercusión en la reforma constitucional”, dijo el ministro de Gobierno de la provincia Pablo Farías al referirse a la sanción de la paridad de género en listas de candidatos sancionadas mediante ordenanzas.
En el gobierno provincial no cayó bien la decisión del Concejo Municipal de sancionar la paridad de género a través de una ordenanza. Según el ministro de Gobierno Pablo Farías, no es posible avanzar hacia la autonomía municipal –incluso en cuestiones electorales– sin antes reformar la Constitución de la provincia para zanjar allí el debate por las facultades políticas de los municipios y las comunas.
“Hay temas donde se puede trabajar independientemente de que haya una reforma constitucional, pero la declaración de autonomía de una ciudad de manera individual es imposible, imagínense si lo propio ocurre en cada ciudad y pueblo de Santa Fe. Eso hay que hacerlo de manera conjunta”, sostuvo el ministro de Gobierno.
El último jueves el Concejo sancionó la paridad de género para las elecciones locales y a partir de allí se disparó el debate por las competencias que sin inherentes a las ciudades y a la provincia. El mismo día, el Concejo Municipal de Santa Fe debatió un proyecto –que luego quedó en comisiones, ante la falta de acuerdo– para declarar la autonomía municipal en la capital provincial en sus aspectos institucionales, políticos, administrativos, financieros y económicos.
Consultado por ambas iniciativas, el ministro Farías fue muy crítico y ensayó una lectura política del tema: “Lamento que los bloques que en los Concejos municipales de Rosario y Santa Fe pretenden la autonomía no hayan tenido la misma repercusión en sus propios estamentos partidarios para avanzar en la reforma constitucional que pretendía discutirse en la Legislatura provincial”.
El proyecto de reforma constitucional que envió el gobernador Miguel Lifschitz a la Legislatura incluía, entre otros ítems, la posibilidad de consagrar las autonomías municipales en línea con el artículo 123 de la Constitución Nacional de 1994. Pero, por falta de acuerdo político, el oficialismo no consiguió los votos necesarios para avanzar con la reforma y el proyecto volvió a comisiones.
