Lo investigan por la intervención del teléfono oficial del ministro de Seguridad.
Roberto Apullán, el fiscal del área de flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la ciudad de Santa Fe que es investigado por la intervención al teléfono oficial del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, será imputado el próximo 30 de octubre.
La atribución de los hechos estará a cargo de los fiscales de la ciudad de Rosario, Juliana González y Gustavo Ponce Asahad. Ambos investigan desde noviembre del 2017, a su colega santafesino en torno a la divulgación de las escuchas telefónicas que fueron interceptadas en el marco de la causa “Horas Ospe” que investigaba irregularidades en las horas extras de la policía provincial.
Por el caso, también fue imputada el pasado 5 de octubre la fiscal María Laura Martí, a la cual los fiscales rosarinos le achacaron tres delitos: “falsedad ideológica”,”incumplimiento de los deberes de funcionaria pública” y “abuso de autoridad”.
Para los fiscales rosarinos su colega falseó el contenido de la solicitud de intervención telefónica que fue presentada el 29 de septiembre del 2017 al juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Falkenberg, el cual otorgó luego el permiso para intervenir el teléfono del ministro Pullaro.
En tanto, los fiscales acusaron a Martí por haber omitido informarle al magistrado de primera instancia que ese teléfono era una linea oficial del gobierno provincial y que justamente era utilizada por el titular de la cartera de Seguridad. En este aspecto, González y Ponce Asahad cosideraron que la fiscal actuó de manera “abusiva y arbitraria” de la función pública.
La atribución de los hechos se dio en el marco de una audiencia que tuvo lugar en la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La misma fue a puertas cerradas lo cual generó un gran malestar en los quince fiscales que concurrieron a la sede judicial para brindarle el apoyo a Martí.
De aquella audiencia tendría que haber participado el fiscal Apullán pero como el mismo se encontraba con licencia compensatoria, indicaron desde el entorno del funcionario, pidió que se prorrogue la fecha para ser imputado. Ahora el próximo martes 30, el fiscal de flagrancia concurrirá junto con su abogado, Alejandro Otte.
También deberá estar presente el ministro de Seguridad el cual se constituyó como querellante por medio de su abogado particular, Pablo Cococcioni. El mismo Pullaro, en la audiencia de Martí, estuvo presente y volvió a reiterar su pedido de justicia para que se determine quién filtró las escuchas a su teléfono oficial. “Nosotros simplemente queremos saber la verdad y cuál fue el motivo central y quién hizo que ellos impulsen esta escucha ilegal de todas mis comunicaciones”, apuntó.
“No se puede inventar un delito para intervenir un teléfono para posteriormente tirar todas las conversaciones que tiene un ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, previo a una de las elecciones, para golpear y hacer un daño a mi persona, a la institución que conduzco y particularmente a la política. Esto tiene gravedad y nosotros no vamos a ir nunca para atrás”, sentenció Pullaro.
Por su parte, Martí cuestionó que la causa por la que se encuentra imputada, se utilizó como “una simulación para tapar otras causas de corrupción institucional gravísimas, como son la causa Horas Ospe, Brigada Motorizada y sobre todo la causa Rodríguez”.
Tanto Martí como Apullán se encuentran bajo la lupa judicial desde que ordenaron detener al exjefe de la Unidad Regional V (departamento Castellanos), Adrian Rodríguez, en una supuesta causa de “cohecho”. Aquella detención se produjo el 9 de octubre del 2017 y por el caso, Rodríguez permaneció privado de su libertad dos días hasta que terminó siendo liberado por orden del fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti.
El mismo Arietti ordenó que se otorgue la liberación del comisario debido a que según el jefe de los fiscales no existía delito en torno a lo que tanto Apullán y Martí consideraban que sí había un supuesto hecho ilícito y además un “riesgo procesal”.
Con el tiempo, Rodríguez fue imputado, el 17 de noviembre del 2017, en estado de libertad, pero en relación a la causa “horas Ospe” la cual había dado inicio a la investigación que derivó en que los fiscales acusados busquen intervenir su teléfono y el del ministro.
Días antes a la imputación de Rodríguez, se divulgaron por medios de comunicación las escuchas telefónicas que había mantenido el ministro Pullaro y Rodríguez, como así también los diálogos que tuvieron ambos desde sus teléfonos particulares. Esa divulgación motivó que el ministro radique una denuncie para que se investigue cómo se filtraron las escuchas.
