Se trata de Roberto Apullán, acusado de engañar a un juez para intervenir el teléfono de Pullaro en una causa por adicionales de la policía.
El fiscal santafesino Roberto Apullán fue imputado ayer de una serie de delitos que habría cometido al investigar irregularidades en el otorgamiento de horas adicionales a policías de la Unidad Regional I, entre ellas solicitar a un juez la intervención del teléfono del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro sin informarle a quién pertenecía la línea.
Apullán fue imputado como autor de falsedad ideológica de documento público en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La misma acusación que recayó sobre su colega María Laura Martí hace tres semanas por los mismos hechos, oporunidad en la que Apullán estaba de licencia.
“Si se cumple el deseo de Pullaro de que me echen o me metan preso, eso no quitará que funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se estaban pasando conversaciones de una investigación en curso. Esto no involucra a dos fiscales sino a todo el MPA y tiene que ver con su independencia del poder político”, dijo ayer al salir de la audiencia Apullán quien, como hace 25 días ocurriera con Martí, recibió en el lugar el apoyo de algunos de sus pares.
“Necesitamos saber por qué y quién motivó a Apullán y Martí a mentirle a un juez para que ordene intervenir el teléfono de un ministro. Si fue un sector oscuro de la policía que está molesto con esta conducción política, si hubo intereses económicos y políticos, en definitiva, cuestiones que ellos tendrán que explicarle a la sociedad en un juicio oral y público”, dijo por su parte el ministro Pullaro.
Un diálogo picante
Apullán y Martí investigaban una denuncia por irregularidades en el otorgamiento de horas Ospe (Órdenes de Servicio de Policía Extraordinaria – Horas extras) en el ámbito de la Unidad Regional I de la capital provincial. En el marco de esa causa llegó a ser detenido, en octubre del año pasado, el entonces jefe de la Unidad Regional V Adrián Rodríguez, quien había estado al frente de la regional capitalina en el período investigado.
Pero a Rodríguez también se le abrió otra causa por cohecho a partir de una escucha en la que se lo detectó, a partir de la intervención solicitada por Apullán y Martí, hablando con Pullaro acerca del concurso para ascender en la policía. En esa conversación, el ministro trata de convencer al oficial de que se presente ya que su concurso sería favorable. En noviembre del año pasado esas y otras escuchas en las que el ministro conversaba también con el gobernador Miguel Lifschitz y el fiscal general Jorge Baclini se filtraron a la prensa y tomaron estado público desatando un escándalo.
Entonces Pullaro denunció penalmente a ambos fiscales por lo que entendió una intervención ilegal a su telefóno. “Acá se engañó a un juez, se le dijo que no se conocía la identidad del teléfono y se puso mi número en otra causa para que el mismo sea intervenido”, dijo el ministro sobre la causa en la que también se constituyó como querellante, con la intención de que el caso se ventile en un juicio oral.
La investigación contra los fiscales santafesinos fue encomendada a sus pares rosarinos Juliana González y Gustavo Ponce Asahad, quienes el pasado 5 de octubre imputaron a Martí y ayer a Apullán.
Imputación
Fuentes de la Fiscalía Regional Rosario señalaron ayer que Apullán fue imputado “en su carácter de fiscal” a cargo de investigar un caso de defraudación a la administración pública por “haber falseado el contenido de la solicitud de intervención telefónica presentada el 29 de septiembre de 2017 ante el Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia” de Santa Fe. Concretamente, se lo acusó de haber pedido “autorización judicial para que se ordenara la intervención de una línea telefónica sin informar al juez (Nicolás Falkenberg) quién era la persona que la utilizaba, pero teniendo conocimiento” de que era usada por Pullaro.
En ese marco, también se acusó al fiscal de “omitir manifestar reales fundamentos que justificaran dicha medida, con la finalidad de inducir al juez interviniente en error y engaño al momento de efectuar el control de legalidad de la medida”.
Según la imputación, a Apullán se le atribuye “haber efectuado el requerimiento manifestando que se trataba de una nueva intervención de cinco líneas, entre ellas la línea en cuestión, siendo que las cuatro restantes ya estaban intervenidas y sobre las cuales se peticionaba su prórroga, haciendo alusión a una anterior intervención autorizada el 22 de septiembre de 2017”. Por ello “se le indilga haber falseado dicho extremo con el mismo fin de inducir a error y engaño al juez”.
En ese marco se le atribuyó, “con la materialización del delito de falsedad ideológica descripta con anterioridad, efectuar un ejercicio abusivo y arbitrario de la función pública como instrumento para violar la garantía de derecho a la intimidad y privacidad que posee todo individuo, como también la garantía que prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas”. Además se lo acusó de violar la ley 13.013, “cuyo cumplimiento le incumbe” por ser fiscal, “disposiciones cuyo cumplimiento le incumbía en razón de su cargo”.
Descargo
“Nunca se le dijo al juez que queríamos intervenir una línea telefónica ni quién era el titular de la línea. Estoy imputado por una circunstancia que no expuse sino que solicité. Estoy siendo imputado respecto de un acto controlado por la Magistratura en un expediente en el que no hay resolución. La investigación nos fue sacada de manera compulsiva. Yo no inventé las conversaciones de un ministro con un integrante de la máxima jerarquía policial a quien le está ofreciendo garantías en un concurso. ¿Eso no hay que investigarlo?”, descargó Apullán ante la prensa.
Si bien ninguno de los dos imputados fue acusado de haber filtrado las escuchas a la prensa, Apullán reclamó ayer “que se hagan públicas”, en referencia a los audios contenidos en unos 300 CD’s que no se sabe dónde están. “Acá lo central no es lo que realizamos sino el contenido de las intervenciones”, acusó el fiscal en la misma línea que su coimputada había deslizado 25 días antes en la misma vereda: “Esta investigación es una simulación para tapar otras causas de corrupción institucionales gravísimas, como las horas Ospe, la causa Rodríguez, la policía Motorizada”.
En ese marco Apullán denunció ayer que el Fiscal Regional de Santa Fe Carlos Arietti le había advertido que el gobierno “no se bancaría que metiera preso a otro jefe policial” (por Rodríguez) luego de haber detenido a Rafael Grau, en otra causa. También dijo que Arietti y Pullaro fueron a su despacho a indagarlo sobre sus intenciones. “Me fueron a felicitar y seguidamente el interrogatorio hasta dónde pensaba llegar. Luego empezaron las acusaciones de que tenía motivaciones partidarias y por eso un día me levanté con ganas de arruinarle la vida a un ministro, como si hubiera inventado” las conversaciones grabadas.
