En 2010, por determinación de la entonces ministra Garré, se había frenado su ascenso. Eran unos 25 familiares de ex represores o integrantes de la Dictadura.
A pocos días de cumplirse ocho años de los hechos, el Ministerio de Defensa anulóóó por “ilegítima” una resolución del kirchnerismo que en noviembre de 2010 impidió los ascensos de un grupo de oficiales del Ejército y de la Armada, y ordenó a las fuerzas reconocerles estos años pasados en situación de retiro como si hubiesen estado en actividad, pagándole en forma retroactiva las diferencias en los haberes.
La decisión beneficia a unos 25 integrantes del Ejército y la Armada (y un vicecomodoro médico de la Fuerza Aérea) hoy en situación de retiro que ocho años atrás quedaron fuera de consideración en los ascensos, en la mayoría de los casos por lo que dio en llamarse dentro de las fuerzas “portación de apellido”: eran hijos, sobrinos, o tenían algún parentezco con uniformados que fueron represores o que habían ocupado cargos públicos durante la última dictadura militar (1976-1983).
El malestar castrense, parte de la tensión continua de esos años con los gobiernos Kirchner, se acentuaba ya que varios de esos oficiales eran los primeros de sus promociones y candidatos naturales al ascenso, lo que en las Fuerzas era visto como una arbitrariedad más del kirchnerismo.
El ministro de Defensa, Oscar Aguad, firmóó el viernes pasado la nueva resolución 1414, a la que Clarín accedióó de fuentes militares. Esta revoca la que adoptó el 29 de noviembre de 2010 la ministra kirchnerista Nilda Garré -actual diputada nacional y presidenta de la comisión de Defensa-. Para Aguad aquella resolución fue un “acto irregular”, “ilegítimo, afectado de nulidad absoluta”.
La decisión de Aguad tiene efecto simbólico y también de resarcimiento económico con esos oficiales apartados por “portación de apellido”. Como al revocar la resolución de Garré deja en actividad a los involucrados, dispone su pase a retiro “debido al tiempo transcurrido” y ordena “un nuevo cómputo de servicios al referido personal, reconociéndoseles el tiempo pasado en retiro como en actividad”.
En la lista de oficiales que Garré resolvió que “no permanecen en servicio activo” figuraban los tenientes coroneles Julio Balloffet, Marcelo Ramón Borzone, Edgardo Calvi, Francisco Javier Canevaro, Gustavo Carlos Cattaneo, Luis Alberto Cattaneo, Ramón Eduardo Centeno, Mario Alejandro Díaz, Antonio Agustín Duarte, Oscar Antonio Faisal, Marcelo Huergo, Ricardo Horacio Muñoz, Justo Daniel Rojas Alcorta, Guillermo Alejandro Saa, Ricardo Enrique Schulz, Pedro Leonardo Tagni, Jorge Luis Toccalino, y Roberto Augusto Vega (este último fue relevado tras reivindicar en un acto en 2005 el combate de Manchalá, entre el Ejército y la guerrilla del ERP).
De la Armada, los capitanes de fragata Marcelo Barbich, Gustavo Barreto Neuendorf, Juan José Lucena, Eduardo Enrique Pizzagalli, Jorge Emilio Sciurano, y James Ronald Whamond. De la Fuerza Aérea, el vicecomodoro médico Omar Eduardo Hermida.
La resolución de Aguad no abarcó a todos los casos polémicos de la era K. Uno significativo que quedó fuera es el del capitán de fragata Marcelo Toulemonde, que prestaba servicios en Mar del Plata, “hostigado”, apartado del cargo y sin ascender luego de que su esposa gritara “¡Larrabure!” en medio de un acto de Cristina Kirchner en 2007 en el Colegio Militar. La Armada le reprochó no haber podido “controlar” a su esposa.
La meta en la era K de supuestamente cortar lazos de las fuerzas “con el terrorismo de Estado”, que se arguyó para terminar con carreras de oficiales considerados excelentes por “portación de apellido”, tuvo su contracara en el sostenimiento a rajatabla por Garré y la ex presidenta del general César Milani, proveedor de Inteligencia y hombre fuerte en las fuerzas durante años, pese a las acusaciones de haber sido participe en delitos de lesa humanidad, por los que hoy se encuentra en prisión.
