Se viralizó el video en el que mostraba cómo le ponía pirotecnia al chico y la Justicia actuó de oficio.
La Justicia dispuso en la noche del lunes liberar a la mujer que pegó bengalas al cuerpo de su hijo menor para esconderlas y entrarlas a la cancha de River cuando la final de la Copa Libertadores aún no había atravesado la primera de sus, hasta ahora, dos suspensiones. Pese a esta medida, permanece imputada.
Así se lo confirmó el abogado Carlos Broitman, quien tomó a su cargo la defensa de la mujer.
El caso cobró notoriedad luego de que se viralizara en redes sociales el video en el que se ve a la mujer mientras adhería los dispositivos pirotécnicos al abdomen del menor, de unos 6 años. Ante esos hechos, la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la Ciudad actuó de oficio.
La mujer había sido detenida este domingo por determinación de la jueza María Julia Correa, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°28: era, hasta anoche, la única persona que continuaba privada de su libertad en el contexto de la tan anunciada -y malograda- Superfinal entre River y Boca, cuyo partido de vuelta aún no tiene fecha. Es más, no está resuelto si se jugará.
La detención de la mujer se produjo luego de una investigación de la que participaron la fiscalía N°6, encabezada por Adriana Bellavigna, y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Ciudad (CIJ): el objetivo era dar con la identidad de la mujer que se veía en el video.
Para eso se usó software de tratamiento de imágenes y se cruzó esa información con datos obtenidos a través de redes sociales. De esa manera, los investigadores dieron con la madre del menor, y la detuvieron el mismo domingo de la final postergada. Fuentes de la investigación confirmaron que ayer hubo un allanamiento en la casa de la mujer, en Villa del Parque, en busca de pirotecnia. El menor, según pudo averiguar Clarín, permanece con su papá y sus tres hermanos.
La mujer, hasta la última hora del lunes, prestaba declaración indagatoria ante la fiscal, que la imputó por poner en riesgo la vida del menor, bajo lo estipulado en los artículos 106 y 107 del Código Penal. Esos artículos establecen penas para “el que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado”.
Según la gravedad del caso, se prevén penas de entre 2 y 15 años de prisión, y si el delito lo cometiera un padre contra su hijo -como en este caso- esto sería un agravante.
“Lo que se ve en el video son cascos de bengala, sin capacidad de hacer daño ni prenderse fuego”, dijo este lunes el abogado de la imputada, Carlos Broitman, según publicó la agencia Télam.
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“Son una familia de clase media a media baja, sin ningún tipo de antecedentes de este tipo. Les gusta el fútbol y son fanáticos de River, pero no son de Los Borrachos del Tablón”, señaló el letrado en referencia a los barrabravas del club de Núñez.
Broitman suele aparecer en casos de gran repercusión pública: fue también abogado de Ibar Pérez Corradi en la causa por el Triple Crimen de General Rodríguez, y de Henry de Jesús López Londoño, el narco colombiano conocido como “Mi Sangre”.
Había fuertes sospechas de que, aunque no pertenece a la barra, la mujer sí tiene contactos cercanos con miembros de líneas secundarias de Los Borrachos, a uno de cuyos jefes le encontraron este viernes, en su casa, 300 entradas oficiales y siete millones de pesos.
Qué harán con el menor si la madre queda presa
“Toda vez que existe una vulneración de derechos de un niño o niña y se hace una denuncia, comienzan a intervenir los organismos de protección para evaluar la situación de los menores involucrados”, explicó a Clarín Yael Bendel, asesora general del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad. Se trata de uno de los organismos que intervino en el caso del menor al que su madre le pegó bengalas en el torso en la entrada del Monumental.
En el caso del menor, cuya identidad permanece en reserva por una medida cautelar presentada ante la Justicia para preservar su privacidad, también interviene el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad.
Ante la consulta respecto de qué pasaría en el caso de este menor, Bendel respondió en términos generales para atenerse a la privacidad del caso: “En cada caso se evalúa la situación de cada niño en relación a su familia más directa y a la familia ampliada. Los organismos de protección contemplan muchos tipos de medidas, que van desde el tratamiento psicológico de los niños y sus familias, hasta hacer que esos niños vivan con su familia ampliada si no pueden estar con sus familiares más directos”. Y sumó: “En última instancia, hay casos en los que se puede contemplar una medida excepcional, que implica separa al niño de su núcleo familiar y derivarlo a un hogar del Estado, pero antes se evalúan otras posibilidades”.
“No podemos separar a los chicos de la familia porque tal vez uno de los miembros se equivocó muchísimo y es la ley la que debe juzgarlos y no nosotros como organismo. Anoche cuando hicimos la evaluación de todo el grupo familiar, lo que vimos es que era un daño mayor para esos chicos retirarlos de esa casa y de su cotidianidad”, dijo Karina Leguizamón, titular del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad, en declaraciones a La Red. Ese organismo evaluó al menor cuyas imágenes se viralizaron y a sus tres hermanos. “El papá estaba abatido”, dijo la funcionaria: él había quedado a cargo de los cuatro chicos.
La guía para tomar estas decisiones, explicó Bendel, es la Convención sobre los Derechos del Niño, que en la Argentina tiene rango constitucional. En el caso del menor cuya madre fue detenida, se habría vulnerado su derecho a la integridad física.
