La semana pasada, durante la reunión de la Mesa de Cultivos Extensivos en Trenque Lauquen, la gobernadora María Eugenia Vidal informó que el año próximo la provincia va a recaudar 1.000 millones de pesos extra por el inmobiliario rural. Por otra parte, debido a una menor carga impositiva de ingresos brutos -que representaría 1.800 millones de pesos menos-, desde el gobierno bonaerense aseguran que el agro “tendría una especie de compensación”.
Sin embargo, la decisión de aumentar ese impuesto en un 38% generó repercusión inmediata en distintas entidades y agrupaciones del campo como CARBAP, la Sociedad Rural Argentina y la Federación Agraria de Buenos Aires
Matías de Velazco, Presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), aseguró en diálogo con Infobae que “si bien no es el aumento del año pasado que llegó al 50%, este incremento en el inmobiliario rural es un poco alto y llega en un momento muy complicado para la producción agropecuaria, con subas de costos e impuestos, y donde el productor está con poca paciencia”.
Desde la Confederación que conduce De Velazco, están organizando para la semana próxima una reunión con legisladores del oficialismo y la oposición, para analizar la Ley Impositiva, “buscaremos entre todos morigerar el aumento y poder mejorar este porcentaje para que el impacto no sea tan alto”, dijo De Velazco, quien recordó que en 2017, el aumento del inmobiliario rural fue del 38% y el año pasado llegó al 50%.
Más repercusiones
Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina, también dialogó con este medio, y expresó: “Todo aumento impositivo causa preocupación y enojo en un sector que se encuentra al límite de su capacidad contributiva”.
“Estamos analizando si el 38% de aumento del Inmobiliario Rural viene acompañado de una reducción de Ingresos Brutos que compense esa suba. Deberíamos ver el texto del proyecto de ley y analizar la letra chica. Igual insistimos en que el ajuste debería venir no por el lado de más impuestos, sino por una reducción efectiva y concreta del gasto público improductivo, generado fundamentalmente por la política”, concluyó.
Jorge Solmi, representante de la Federación Agraria de la provincia de Buenos Aires, dijo: “No tenemos el proyecto de Ley y queremos analizarlo para ver cómo se llega al aumento del 38%, que es un aumento alto para los productores que no están atravesando un buen momento, fundamentalmente los pequeños y medianos productores.
“Hay que ver el tema de los exentos y también las futuras revaluaciones. Somos conscientes que una vez que el proyecto ingresa a la legislatura es muy complicado cambiarlo, pero tal vez como el año que viene es electoral pueda ser más viable algún cambio”, concluyó.
