El gobierno nacional formalizó el incremento trimestral en el haber mínimo jubilatorio que se fijó en $ 9.309,10 a partir de este mes, y también en el máximo que quedó en $ 68.200,18.
Lo hizo a través de la Resolución 242/2018 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicada este lunes en el Boletín Oficial y que lleva la firma del administrador Emilio Basavilbaso.
En este texto se precisó que “el haber mínimo garantizado vigente a partir de diciembre de 2018, establecido de conformidad con las previsiones será de $ 9.309,10”, y añadió que “el haber máximo vigente será de $ 68.200,18”.
Además, fijó las modificaciones a los topes máximos y mínimos a utilizar para el cálculo de aportes y contribuciones patronales, y que a partir de las declaraciones juradas de diciembre de 2018 serán de $ 3.237,98 y $ 105.233,32, respectivamente.
También determinó que el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) en $ 4.397,97 y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) en $ 7.447,28.
Por otra parte, Anses también emitió la Resolución 243/2018, donde indicó que “el valor de la movilidad correspondiente a diciembre es de 7,78%”.
Mecanismos de ajuste
En tanto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) propuso instaurar mecanismos automáticos que ajusten el monto de las pensiones y la edad de jubilación a “la realidad de los parámetros” de financiación, a fin de garantizar su viabilidad y la cobertura de los beneficiarios.
En su informe bienal de perspectivas difundido este lunes, la Ocde señala que hay varias opciones para ese ajuste, y en primer lugar menciona vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida. No obstante, sugiere tener en cuenta que la esperanza de vida es muy diferente entre los grupos sociales, ya que ciertos sectores de la parte baja de la escala social o con bajo nivel educativo viven menos tiempo una vez que se jubilan, y por tanto reciben menos beneficios por las contribuciones que hicieron durante su vida activa.
Para evitar el efecto regresivo que el aumento de la edad de jubilación tiene para esos colectivos, la Ocde no llega a preconizar que se establezcan reglas particulares para retirarse, pero sí al menos que se permita flexibilidad para decidir el momento en que abandonan la vida activa, indicó la agencia de noticias EFE.
“En términos generales, habrá que trabajar más pero no todos los grupos lo podrán hacer”, señala la Ocde antes de recordar que los sistemas públicos de pensiones y las reglas fiscales pueden ayudar a mitigar esas desigualdades, en particular con unos niveles de pensiones para esos colectivos proporcionalmente más elevados en relación con sus cotizaciones.
Pablo Antolín, uno de los autores del estudio, explicó que si la gente vive más “alguien tiene que pagar”, y plantea una dicotomía: “o ahorras más o pasas más tiempo ahorrando”.
Antolín citó mecanismos para que el sistema no se desequilibre entre contribuciones y remuneraciones, como la elevación de la edad de jubilación de acuerdo con la suba de la esperanza de vida, pero también relacionar la evolución de las pensiones con el crecimiento económico o las cuentas nacionales.
En este último caso, los beneficios de cada individuo en el momento de la jubilación están en función de los puntos acumulados durante todo el periodo de cotizaciones de la vida activa.
