Mediante un comunicado de prensa, las entidades que representan más del 90% de la exportación argentina de frutas frescas (cítricos, manzanas, peras, arándanos, y cerezas) y genera más de 150.000 puestos de trabajo, expresaron que atraviesa una “crisis terminal” y pidieron al gobierno nacional medidas para revertir esta situación.
Estos sectores, que exportan valor agregado argentino a más de 70 países y con ingreso de divisas al país por más de 1.900 millones de dólares, atraviesan serios problemas de competitividad, y es por eso que ante esta situación “apelamos a que en lo inmediato se produzcan estos cambios solicitados y se evite así un daño mayor”, manifestaron los representantes de las cámaras frutícolas FEDERCITRUS (cítricos), CAFI (peras y manzanas), ABC (arándanos) y CAPCI (cerezas).
En 2008, el sector frutícola había alcanzado 1.500.000 toneladas de fruta de exportación mientras que en 2017 la cifra fue de 750.000 toneladas, es decir que se perdió el 50% del volumen exportado. “Existe potencial para crecer, pero necesitamos medidas que nos hagan competitivos y que incentiven a los sectores a invertir generando más puestos de trabajo y mejorando las economías de las provincias, en muchos casos con altos índices de pobreza”, dijeron los representantes de las cámaras frutícolas.
En el comunicado reclaman al Gobierno la eliminación de las retenciones e incrementar a sus valores originales los reintegros de las posiciones del Capítulo 08 de la Nomenclatura Común del Mercosur. El sector frutícola sostiene que la vuelta de las retenciones, la baja de los reintegros a las exportaciones y el aumento de los costos, “golpean fuertemente a toda la actividad que son motor de las economías regionales de nuestro país”.
Retenciones
Sobre las retenciones, cabe recordar que las frutas quedaron grabadas con el máximo de $4, “situación que fue reconocida como un error en reuniones con los distintos ministerios y secretarías del Gobierno Nacional, dado que hay una valoración del sector como impulsor de alto valor agregado, con lo cual, el máximo tributo a la exportación debería ser de $3 por dólar, igualmente paralizante de la actividad exportadora de producciones regionales, la mayoría en procesos de estancamiento o supervivencia”.
También solicitaron al Gobierno “establecer un plazo mayor para abonar los derechos de exportación de todas las posiciones de la nomenclatura común del Mercosur citadas, como mínimo de 120 días, para de esa manera aliviar la carga financiera de los exportadores de frutas frescas y productos agroindustriales. Los plazos para el pago de los Derechos el cual es exiguo, 15 días, más teniendo en cuenta el altísimo costo de financiamiento, lo que implica un enorme esfuerzo financiero para el cumplimiento de dichos plazos, teniendo que pagarlos antes de cobrar las exportaciones. Aun habiéndose extendido hasta 60 días, aunque sólo para las Pymes, el sector viene reclamando, en función del perfil de los acuerdos con importadores, un plazo mayor”.
Por último, los representantes del sector frutícola exigieron adelantar la vigencia del mínimo no imponible de $ 12.000 para estas actividades regionales, y flexibilizar el sistema de cálculo sobe cumplimiento tributario de la AFIP.
