Desde el oficialismo esperan lograrlo este miércoles. Desde la oposición y dentro de Cambiemos hay disidencias al proyecto contra los barrabravas.
El plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Deportes de la Cámara de Diputados postergará por lo menos hasta este miércoles la firma del despacho del proyecto de la ley contra los barrabravas. La dilación responde a las objeciones que plantearon legisladores de diferentes signos políticos.
La titular de la comisión de Legislación Penal, la radical Gabriela Burgos había anticipado que este martes no iba a salir el dictamen: “Vamos a ver si podemos construir un consenso entre las fuerzas políticas para emitir dictamen mañana”.
El proyecto del oficialismo propone agravar las penas a los barrabravas que cometan delitos y castigar a dirigentes de clubes que les entreguen entradas.
Si bien el oficialismo aspiraba a debatir esta iniciativa en una sesión especial, que se iba a concretar el próximo jueves, ahora en Cambiemos se analiza demorar este debate si no hay acuerdo entre los bloques en las próximas horas, señalaron fuentes parlamentarias.
Sin embargo también hay diferencias en del oficialismo: hay diputados radicales y de la Coalición Cívica que objetan esta iniciativa, y proponen un conjunto de cambios al proyecto.
Por su parte, Burgos rechazó las críticas desde el kirchnerismo al afirmar que “no es la ley para la tribuna”, y señaló que este proyecto busca terminar “con aquellas organizaciones que financian a estos grupos”.
Al respecto, el diputado Daniel Scioli presentó un dictamen de minoría, rechazando el proyecto oficial. “Nosotros creemos que se debe hacer hincapié en los aspectos preventivos”, explicó el ex gobernador de la Provincia, aunque dejó abierta la posibilidad de buscar acuerdos con el oficialismo.
A su vez el diputado de Red por Argentina Facundo Moyano dijo que “no se puede legislar a las apuradas” y dijo que se tiene que legislar “con total responsabilidad y pido como diputado y hombre del fútbol que seamos responsables”.
Desde el massismo, la diputada Carla Pitiot dijo que “hay que darle una solución y es un tema de urgencia” pero “creemos que este proyecto es impreciso y hay una incongruencia con respecto a las penas”.
La iniciativa, reactivada por el Gobierno por haber perdido estado parlamentario, fija penas de dos a cuatro años de prisión a dirigentes, organizadores, o responsables de eventos deportivos que entreguen entradas a los barrasbravas en forma gratuita.
Además establece que la aplicación del derecho de admisión dejará de estar en manos de los clubes, ya que quedará a cargo del Ministerio de Seguridad.
