Es por la estatización de la petrolera encarada por Cristina. Un fondo buitre demanda US$ 3.000 millones. Argentina podría pedir un procedimiento para develar la verdadera indentidad de los dueños del fondo.
La Corte Suprema de los Estados Unidos dará a conocer en forma inminente un fallo sobre la expropiación de YPF durante la época del kirchnerismo. En el caso de recibir una sentencia adversa, el juicio de fondo por un monto estimado en unos 3.000 millones de dólares comenzaría en un tribunal inferior estadounidense y podría iniciarse la apertura de un proceso de Discovery, o sea la presentación de pruebas en la que el Gobierno podría intentar demostrar que hubo corrupción en la venta de acciones de la petrolera.
La Corte debería publicar hoy lunes el fallo del caso, pero dado el volumen de expedientes también podría hacerlo el viernes, el próximo día de reunión del tribunal. Lo que debe decidir no es la cuestión de fondo sino un tema de jurisdicción: si la demanda de un fondo buitre por la estatización de la petrolera debe continuar su proceso en Estados Unidos o trasladarse a Buenos Aires, como reclama en Gobierno. La estrategia oficial es llevar el juicio a la Argentina para resolver a través de la justicia local la demanda del fondo Burford Capital, que se quedó con las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, y la capacidad de entablar el juicio.
El tema ya había recibido dos fallos adversos para la Argentina en instancias inferiores de Nueva York y el Gobierno apeló entonces al máximo tribunal estadounidense que debe resolver entre tres opciones: si acepta tratar la apelación, si la rechaza o si pide la opinión de un “solicitor”, que en este caso sería la administración de Estados Unidos.
La Argentina argumenta que los tribunales estadounidenses no tienen competencia para tratar la demanda porque la expropiación de YPF es un acto de un estado soberano por lo que debería ser tratada por tribunales locales. Los abogados de Burford-Petersen exponen, por el contrario, que durante el gobierno kirchnerista Argentina quebró el contrato al expropiar el 51% de la petrolera y no haber extendido la oferta a los socios minoritarios (el país le pagó a Repsol, que tenía la mayoría, por la nacionalización). Dicen que el tema es de derecho comercial y debe ser juzgado en Estados Unidos, donde se emitieron las acciones.
La opción que parece más probable, según las fuentes consultadas por Clarín, es que la Argentina reciba estos días un rechazo del Tribunal, aunque ven con esperanzas de que puedan llegar a conseguir que la administración estadounidense plantee su opinión. Igualmente, el Gobierno está evaluando varias estrategias para un posible revés.
Definida la jurisdicción en Estados Unidos, el caso comenzaría de cero en el juzgado neoyorquino de Loretta Preska y su resolución podría demorar varios años. “Hay que contestar la demanda y continuar con todas las etapas procesales de un juicio ordinario en EE.UU., que podría implicar la apertura de un Discovery”, que es un proceso donde se presentan pruebas, dijeron fuentes cercanas al caso a esta corresponsal. “Estamos preparados”, aseguran, y dicen, sin revelar el juego, que se barajan varias alternativas.
Con el Discovery, la justicia estadounidense podría echar luz a cómo fue el pasaje desde la YPF privada hasta las manos de los buitres. Es una historia con puntos oscuros que ya analiza un tribunal argentino con el juez Lijo a la cabeza por una denuncia de Elisa Carrió contra Cristina Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, Antonio Brufau de Repsol y Enrique y Sebastián Eskenazi.
Según apuntó a Clarín un abogado de Washington experto en temas de corrupción, el juez puede abrir el Discovery si alguna de las partes lo solicita. “Es un caso comercial y ahí rige la petición de parte. No es de interés público y entonces el juez no está obligado a pedirlas”. Si el Gobierno solicitara esa instancia, podría presentar pruebas que apuntarían a develar la verdadera identidad de los dueños del fondo Burford ya que parte de sus accionistas permanecen ocultos y se sospecha de que pueden estar vinculados al kirchnerismo.
El abogado dice que el tema de los dueños puede no ser relevante para la jueza. Para Estados Unidos el problema es “si indemnizó legalmente por la expropiación a todos los accionistas de YPF de aquél entonces”. Quiénes sean los dueños de Burford corre por cuenta separada, señala.
Más allá de eso, cree que si a la Argentina se le complica el caso, es probable que se siente a negociar y ofrezca un monto menor. La demanda, por ahora, no tiene cifra determinada, pero el mercado la calcula en 3.000 millones de dólares o más.
El Grupo Petersen siempre aclara que “no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial” en la Argentina o en el exterior porque ellos se desprendieron de las acciones y ahora no poseen ninguna.
