El máximo tribunal quiere conocer lo que dice el jefe de los abogados de la Casa Blanca. Un fondo buitre demanda US$ 3.000 millones.
En una buena noticia para el Gobierno, la Corte Suprema de los Estados Unidos pidió este lunes la opinión a la administración de Donald Trump para decidir si el juicio por la expropiación de YPF realizada en 2012 durante el kirchnerismo, por unos 3.000 millones de dólares, debe continuar en la justicia estadounidense y no en los tribunales argentinos, como pretendía el Ejecutivo.
La Corte publicó el fallo del caso que no trata la cuestión de fondo sino un tema de jurisdicción. El Tribunal debe decidir si la demanda de un fondo buitre por la estatización de la petrolera debe continuar su proceso en Estados Unidos o trasladarse a Buenos Aires, como reclama en Gobierno, que busca llevar el juicio a la Argentina para resolver a través de la justicia local la demanda del fondo Burford Capital, que se quedó con las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, y la capacidad de entablar el juicio.
La Corte optó hoy por un tercer camino: pedir a un “solicitor general”, (abogado general) del gobierno de Donald Trump, que emita su opinión sobre el tema antes de decidir sobre el caso. Si bien la opinión de EE.UU. no es vinculante, se estima que será favorable dada la buena sintonía que mantiene la administración estadounidense con el gobierno de Mauricio Macri. Además, desde la Procuraduría ven como positivo que no le haya impuesto un plazo a Estados Unidos para presentar este escrito.
Según dijeron fuentes oficiales a Clarín, la decisión demuestra la importancia del caso, porque si no, hubieran rechazado la causa de plano. Además, resaltan que la Corte “rara vez hace esta convocatoria” al gobierno estadounidense y que, en general, la opinión del “solicitor” es tenida en cuenta especialmente por el máximo tribunal.
Sin embargo, en 2014 el Tribunal pidió opinión a la administración de Barack Obama sobre los fondos buitre y, a pesar de que fue favorable al Gobierno, la Corte rechazó el pedido argentino.
Desde el Gobierno señalan también que “es una mala noticia para los demandantes”, ya que esperaban un rechazo del máximo tribunal para seguir avanzando con el litigio en Estados Unidos. “Es un paso que deja a la Argentina mejor posicionada” para que su recurso sea aceptado en la Corte y el caso vaya a los tribunales argentinos, señalaron.
Cuando tenga la opinión de Estados Unidos en la mano, la Corte decidirá finalmente la jurisdicción. En el escrito que presentó la Argentina, ya habían opinado a favor México y Chile, además de varios juristas estadounidenses de prestigio.
El tema de la jurisdicción ya había recibido dos fallos adversos en instancias inferiores de Nueva York y el Gobierno apeló entonces al máximo tribunal estadounidense. La Argentina argumenta que los tribunales estadounidenses no tienen competencia para tratar la demanda porque la expropiación de YPF es un acto de un Estado soberano por lo que debería ser tratada por tribunales locales.
Los abogados de Burford-Petersen exponen, por el contrario, que durante el gobierno kirchnerista Argentina quebró el contrato al expropiar el 51% de la petrolera y no haber extendido la oferta a los socios minoritarios (el país le pagó a Repsol, que tenía la mayoría, por la nacionalización). Dicen que el tema es de derecho comercial y debe ser juzgado en Estados Unidos, donde se emitieron las acciones.
Fuentes de YPF destacaron a Clarín que “sólo un 1% de los recursos que son elevados a la Corte son abiertos a consideración. La decisión que se ha conocido hoy, si bien no define la apertura del recurso, puede considerarse como una señal auspiciosa de interés en el caso”.
Creen que “si bien esta decisión no reviste ninguna consecuencia directa para YPF en lo inmediato, el foco de la empresa estará puesto en la prosecución de todas las instancias judiciales” y se volcarán a resolver rápidamente a resolver el tema de la competencia que, según entienden, no es de la justicia de EE.UU sino de la Argentina.
