El Gobierno enviará el proyecto a las sesiones extraordinarias de febrero. Encontrará la mayor resistencia en Diputados. El FpV, el PJ Federal, el massismo y la izquierda adelantaron sus objeciones. En el Senado, Pichetto también puso reparos.
La renovada intención del Gobierno de poner en debate la baja de la edad de imputabilidad de los menores, para llevarla de los 16 a los 15 años, arrancará en el Congreso con pronóstico incierto.
No sólo hace más de veinte años que el asunto es materia de discusión y vuelve en forma recurrente como bandera para combatir el delito, siempre sin éxito.
Esta vez ni siquiera hay crimen de impacto social, como pasó en años anteriores, que genere un clima de opinión proclive a este cambio. Y justo en un año electoral en el que todos presagian que el Congreso funcionará de manera restringida, y que sólo pasarán proyectos que reúnan mucho consenso con la oposición.
Por lo pronto, el Gobierno confirmó a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que lo enviará la iniciativa para las sesiones extraordinarias de febrero.
Pero la iniciativa encontrará resistencia en la Cámara de Diputados, donde referentes del kirchnerismo, el peronismo federal, el massismo, RedxArgentina, el Movimiento Evita y la izquierda, o se pronunciaron en contra o cuestionaron que se trata de “marketing” de campaña y una “cortina de humo” frente a los problemas de la economía.
Los puntos clave del proyecto del Gobierno para bajar a 15 años la edad de imputabilidad
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En el Senado, el clima no se ve tan hostil para el oficialismo, aunque su principal interlocutor en el PJ, Miguel Pichetto, tampoco se mostró convencido.
“Hay delitos que cometen menores, pero no es el problema que hoy está viviendo la Argentina en materia de seguridad”, tomó distancia el rionegrino, consultado por Clarín. Para Pichetto “la baja de edad es un debate estéril, siempre tiene aristas de cuestionamientos”, y dijo que se debía trabajar sobre la base del proyecto de Régimen Penal Juvenil que aprobó el Senado en 2009.
Fue con el aval de la entonces presidenta Cristina Kirchner y la iniciativa bajaba la imputabilidad de los menores a los 14 años. Nunca se trató en la Cámara baja.
De Diputados volvieron a llegar expresiones que generan dudas sobre la posibilidad de que Cambiemos sume los votos necesarios para alcanzar mayoría.
El salteño Pablo Kosiner, jefe de la bancada de Argentina Federal consideró “difícil” tratar este año el proyecto: “Lo penal tienta a muchos a un discurso de impacto electoral”, advirtió.
Graciela Camaño, jefa de la bancada massista, le dijo a Clarín que “el Gobierno tiene la idea de ‘bolsonorizar’ la campaña”. Sin embargo, sostuvo que “vamos a trabajar como todos los proyectos de seguridad, en la idea de que salga. El nuestro propone la baja a 14 años, pero se trata de tener un régimen para que los pibes no sean rehenes de lo que los jueces quieran”.
En enero de 2017 también el Ministerio de Justicia que conduce Germán Garavano empujó la baja de la edad (a 14 años, ahora lo suavizaron) en el marco de la necesidad de un Régimen Penal Juvenil que, todos reconocen, es una asignatura pendiente “de la democracia”. Garavano buscó mostrar que la iniciativa no estaba atada a la coyuntura: dijo que la intención era votar el proyecto “después” de las elecciones.
El contexto se mostraba propicio: la sociedad estaba impactada por el asesinato de Brian Aguinaco, un chico de 14 años, por otro menor de 15.
Pero además de las diferencias con la oposición, tampoco “cerró” en el oficialismo. “La baja de la edad fue objetada desde Desarrollo Social, la Secretaría de Niñez, en línea con Unicef que no estaba de acuerdo”, recordó a Clarín una fuente oficialista, reconociendo trabas en el propio Gobierno, y que a causa de eso “se empantanó”.
Pese a todo el Gobierno volvió a la carga. El borrador del proyecto elaborado por Garavano, establece que el “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil” se aplicará “a los adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 años al momento de la comisión del hecho”.
A los chicos de 15 años, sólo se les aplicará el régimen cuando cometieren “algún delito reprimido con pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal”. Es decir, sólo para los delitos más graves.
No todo lo que pide el Presidente llega a buen puerto en el Parlamento, como se vio a fines del año pasado con el fracaso de la ley de alquileres o el proyecto para combatir las barras bravas. El envión para insistir parecen darlo las encuestas que muestran a la inseguridad como principal demanda del electorado (junto con la inflación), y la llegada al poder de Jair Bolsonaro en Brasil, exitoso con su discurso de mano dura.
Desde el oficialismo, el vicepresidente 2° de Diputados, el radical Luis Petri, salió a respaldar la iniciativa: “Una persona de 15 años puede ser sometida a proceso si comprende la criminalidad de sus actos”.
El cívico Juan Manuel López, mano derecha de Elisa Carrió, recordó que su partido tiene un proyecto para establecer un régimen desde los 14 a los 18 años y que se trata de “legislar de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño”.
