La Justicia ordenó hoy avanzar una investigación contra Ricardo Echegaray por asociación ilícita, con la sospecha de que encabezó desde la AFIP una banda para perseguir opositores, proteger a empresarios amigos y desplazar a funcionarios que se alejaban de esas directivas. Así lo resolvió la Cámara Federal, al instar al juez Daniel Rafecas a “activar el trámite de la causa” porque, pese a que la denuncia se hizo hace casi un año ni siquiera tuvo impulso fiscal, indicó el fallo.
“No es posible pasar por alto el excesivo tiempo que ha transcurrido desde que en abril de 2018 se denunciaron los hechos (..) sin que siquiera se hayan superado los primeros pasos procesales de la instrucción. Amén de los avatares que pudo haber tenido el legajo, dicha demora no luce en principio justificada. En consecuencia, se encomendará activar de inmediato el trámite devueltas que sean las presentes”, afirmaron los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun.
Lo que sí hizo la Cámara Federal fue avalar la decisión de Rafecas para no incorporar al expediente, como querellante por el momento, a la propia AFIP. “Partiendo de esa base –que obviamente en nada implica negar el perjuicio directo que las hipótesis aquí planteadas podrían generar a los intereses del citado organismo público-, la respuesta que dio el juez se corresponde con la letra de los elementos aportados y, a la par, no genera un gravamen irreparable para los incidentistas”, señaló la resolución.
Se trata de una denuncia del organismo recaudador que presentada el año pasado en donde se asegura que “desde mediados de 2008 hasta 2015 se han materializado distintas conductas desplegadas por diversas personas –tanto funcionarios de la propia AFIP como personas ajenas al organismo- que actuaron mancomunadamente, utilizaron y abusaron de la estructura y funciones” en el organismo “para cometer una diversidad de ilícitos”.
“Esa pluralidad de delitos se materializó, en todos los casos, con la concurrencia de un mínimo de tres personas y siempre bajo la dirección del Administrador Federal de turno y del único director de la DGI que estuvo en su cargo entre agosto de 2008 y 2015”, se añadió. Así, la AFIP apuntó hacia Echegaray y Ángel Toninelli.
Entre las maniobras que se denunciaron aparecen “amañar fiscalizaciones, diferir sin justificación el cobro de obligaciones fiscales líquidas y exigibles, conceder de forma arbitraria e ilegal facilidades de pago de obligaciones vencidas, efectuar amedrentamiento, abusar de la propia autoridad y/o de la función pública”. Pero la denuncia añadió que “ese catálogo solo se puede completar mediante la conjunción de los hechos”.
En la denuncia se ponían como ejemplos la actuación de la AFIP de Echegaray en una causa de 2015 contra Lázaro Báez, por facturación apócrifa donde se señala al fisco como un facilitador a favor del empresario kirchnerista para dicha maniobra, “sin controles” al respecto. También el rol del ente recaudador en los casos de Cristóbal López y Ciccone.
Para la AFIP de la gestión de Mauricio Macri, la banda estuvo formada por Echegaray, Toninelli, Horacio Curien, José Bianchi, Guillermo Michel, Mariana de Alva, Pablo Gatti, Carlos Sánchez, Julián María Coronel y Federico Toninelli (que no era funcionario de la AFIP y es hijo del director de la DGI), entre otros. A ellos se los señaló como quienes desplegaron “el plan criminal”. La denuncia había sido presentada por Jaime Mecikovsky, subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior de la Dirección General Impositiva (DGI) de la AFIP. El caso recayó ante el juez Rafecas, con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita.
Fuente: infobae
