Se habla de mecanismos para subsidiar, al menos parcialmente, a las actividades productivas en las que la energía eléctrica es un insumo clave.
El gobierno provincial busca subsidiar -al menos de manera parcial- el costo final de la electricidad en aquellas actividades industriales en las que el servicio que presta la Empresa Provincial de la Energía constituye un insumo relevante, clave como componente del precio final de sus productos.
Se piensa en algún tipo de subsidio para las llamadas industrias electro intensivas, a las que la Casa Gris considera “complicadas” por el aumento de las tarifas.
Respecto del sector industrial cabe subrayar que se trata del único segmento que no tiene subsidios. En Santa Fe, como en todo el país, fueron las tarifas para las industrias las primeras en actualizarse de acuerdo con los costoso de producción de la energía, es decir, según el valor que se fija desde el gobierno nacional al megavatio/hora para la generación.
La dolarización de las tarifas mayoristas -una decisión adoptada en 2015 por la administración de Mauricio Macri- se trasladó a mayor velocidad a los usuarios industriales.
Aunque no han trascendido más detalles respecto del anuncio que prepara el gobierno de Miguel Lifschitz, cabe recordar que cuando se habla de subsidios en los servicios públicos siempre existen unas fuentes de financiación que son limitadas.
Una opción es recurrir a subsidios cruzados entre usuarios. Tal es el caso de los jubilados con menos ingresos en Santa Fe. Aquellos que tienen bajos consumos, desde hace años, pagan una tarifa menor que termina por cubrirse con la propia economía interna de la empresa, es decir, con los pagos de los demás clientes de la EPE. Y lo mismo ocurre, “de hecho”, con los consumos de los llamados usuarios irregulares, los enganchados a las redes en los barrios con más exclusión.
Otra chance es que los subsidios tengan como fuente de financiación al sector público, como sucede con los casos sociales.
En este último aspecto, el de los usuarios residenciales que reciben ayuda del Estado para sus consumos eléctricos, es importante citar algunos datos, que seguramente no son ajenos a la evaluación que debe hacer el gobierno santafesino para poder colaborar con las industrias que más consumen.
Desde que Cambiemos gobierna el país, la energía mayorista acumula un aumento del 6.000 %, según la cifra que estimó el Defensor del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto, en diciembre de 2018.
La impactante cifra vale para el consumo de los hogares. Para las industrias la suba mayorista en el mismo período fue de 2.561%, porque el aumento nacional les llegó mucho antes que a los clientes residenciales.
La última “actualización” impactó al comenzar febrero, en un 19,6 % para el sector industrial.
Al último tarifazo de la Casa Rosada se sumó, también el año pasado, otra mala nueva: el Estado Nacional dejó de pagar los subsidios a la energía, que había creado para los sectores con menos recursos cuando comenzó el sinceramiento de tarifas.
En el primer bimestre de 2019 el gobierno santafesino decidió asumir íntegramente esos costos. Pero su anuncio -hasta ahora- se ha limitado a ese período, que termina ahora.
Pagar eso subsidios sociales que primero generó la Nación y luego abandonó (la EPE ya tenía otros, anteriores) ha significado erogar $ 1.500 millones.
