San Lorenzo publicó en su sitio web oficial un comunicado para informar a sus hinchas sobre la apelación de la dirigencia para que se desestime la decisión de quitarle seis puntos en la tabla de la Superliga ya que considera que no tiene fundamento.
Además, aclararon que nunca violaron las normas del Fair Play financiero porque ya habían pautado junto a los jugadores diferir en algunas fechas de pago. Otra justificación fue el cambiante estado del dólar que influye en los contratos de trabajo de los futbolistas.
Este es el informe completo:
“El Club Atlético San Lorenzo de Almagro comunica que, en el día de la fecha, ha presentado una contundente apelación en la que solicita que se revoque la resolución del Tribunal de Disciplina de la Superliga emitida el 22/3/2019, exigiendo que deje sin efecto las sanciones (inéditas en toda la historia del Fútbol Argentino) allí impuestas contra nuestro Club, ya que carece de todo fundamento normativo y fáctico, y vulnera esenciales principios del derecho sancionatorio, el principio de irretroactividad de las normas con contenido sancionatorio, el de autonomía de la voluntad de las partes y el de la teoría de la imprevisión, entre otros, lo que la descalifica por completo. Se trata de una decisión que, en forma preliminar, podemos calificar de arbitraria.
Evidentemente, estamos ante un castigo severo por el incumplimiento de formalidades, sin atender a la realidad de las situaciones de los protagonistas del caso, circunstancia que le quita legitimidad a la imposición de dichas sanciones.
A continuación, compartimos algunos de los pilares de la fundamentación del Club, los cuales se encuentran desarrollados en la apelación enviada esta mañana:
Resulta imposible aplicar el Reglamento de Licencias a los contratos celebrados con anterioridad a su entrada en vigencia, ya que “las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario”, según establece el artículo 7 del Código Civil y Comercial. En efecto, no hay fundamento alguno para sostener que puedan aplicarse sanciones al incumplimiento parcial de algunos de los contratos sobre la base de una norma dictada con posterioridad, tal como hizo el Tribunal de Disciplina de la Superliga.
*San Lorenzo informó en cada una de las DDJJ cuestionadas lo efectivamente abonado a sus jugadores; es decir, no mintió, ni falseó DDJJ alguna, tal como aseguró el Tribunal de Disciplina de la Superliga. San Lorenzo, repetimos, SIEMPRE dijo la verdad. En ningún caso aseguró haber pagado una suma distinta a la informada, y en cada DDJJ respaldó la información solicitada con la documentación correspondiente.
El Club SIEMPRE cumplió puntualmente con el pago de los sueldos de todos sus jugadores, a excepción de determinados casos particulares, por sólo una parte de sus retribuciones, y con los cuales llegó a un acuerdo para repactar las fechas de pago. El Club se vio obligado, para defender su economía, a renegociar algunos contratos luego de la gigantesca devaluación que llevó el valor del dólar a más del doble del valor que el gobierno fijó en el presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación. Cabe resaltar que, ante tamaña e innegable situación de imprevisibilidad (el Gobierno había proyectado un tipo de cambio por debajo de los 20 pesos y finalmente trepó hasta 43 pesos) San Lorenzo pautó con ciertos jugadores diferir las fechas de pago de algunas de sus obligaciones, pero siempre acordando saldar el total del contrato antes de que finalizara la temporada que se estaba desarrollando. Es decir, no violó el Fair Play financiero, no sacó ventaja deportiva incorporando y/o utilizando jugadores a los que finalmente no les pagó lo convenido. Lo único que hizo el Club fue, coherentemente, llevar adelante un austero mercado de pases, en el que incorporó cuatro jugadores a préstamo o libres, discontinuó o rescindió el vínculo con futbolistas que tenían contratos onerosos y vendió a varios de sus mejores jugadores, siempre en pos de mantener saneada sus cuentas en medio del vendaval macroeconómico que acechaba y acecha a la Argentina.
Resulta inconcebible, entonces, que este proceder amerite sanción alguna.”
