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domingo, diciembre 22, 2024

El 41,2% de los niños vive bajo pobreza estructural en Argentina

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La crisis que transita la Argentina golpea crudamente a los chicos menores de 17 años. El 41,2% de los niños del país vive en estado de pobreza estructural, lo que representa a unos 4,7 millones de chicos cuyos padres no tienen ingresos suficientes para vivir, están mal alimentados, duermen en casas sin agua potable o cloacas, tienen problemas para acceder a la educación y escaso nivel de atención sanitaria.

Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA),en el 2017 el 37,1% de los niños en Argentina estaba alcanzado por esta pobreza estructural, en el 2018 esa cifra llegó al 41,2%.

“La pobreza de los niños debe medirse más allá de los ingresos y visualizar todas las carencias que hay en la población menor de la Argentina que se incrementaron sustancialmente en los últimos años”, dijo Ianina Tuñón, investigadora Responsable del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA.

Según las estimaciones del estudio, en el 2018 el 63,4% de los niños y adolescentes estaba privado de al menos un derecho y el 51,7% vivía en hogares pobres. Un 41,2% de la infancia era doblemente pobre (en el ejercicio de derecho y por pobreza monetaria). Esta doble carencia creció entre 2017 y 2018 en 4,1%.

Cuando se analiza la propensión a la pobreza multidimensional, se advierte que dentro del 63,4% de chicos que no logran ejercer plenamente al menos uno de los derechos considerados, un 18,9% no logra hacerlo en niveles “humanamente inaceptables”.

En la evolución 2010-2018, se advierten progresos importantes, se pasó de un 68,3% a un 63,4% de niños/as privados en el ejercicio de al menos un derecho. En el nivel de privación más severo se pasó de 30,5% a un 18,9%. Y en el último período, 2015-2018 se advierte estabilidad en la incidencia total y una leve merma en el déficit severo.

En el 2018 aun se percibe que hay 7,2 millones de niños con privaciones de derechos, lo que implica el 63,4%. Es cierto que hubo una pequeña disminución de esta variable respecto al 2017 donde había un 65,9%. Pero la gravedad de la situación de pobreza estructural en la Argentina sigue siendo muy alarmante.

Las carencias de los menores de 17 años se verifican en mayor medida en aquellos que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH); el 78,7% del universo de esos chicos tiene problemas de privación de derechos. Y en el conurbano bonaerense es donde más se registra esta carencia. Allí, el 74,8% de la población infantil tiene problemas de pobreza estructural mientras que en el 89,8% de las villas o asentamientos se profundiza esta grave situación de falta de alimentos, salud, higiene o atención sanitaria en los chicos.

Desde el punto de vista etario, los adolescentes son los más expuestos a experimentar alguna carencia en el espacio multidimensional de los derechos (73,5%, frente a 60,8% entre los de 4 a 12 y 62,2% entre los de 0 a 3 años). Los niños que viven en hogares de clima educativo bajo (padres que no completaron la escuela secundaria) tienen casi 3 veces más chances de tener al menos una privación que sus pares de hogares de clima educativo medio-alto (cuyos padres tienen nivel universitario incompleto o más).

Y los niños que viven con uno solo de sus padres están más expuestos a experimentar privaciones que aquellos que viven con ambos padres (70,9% frente a 62,3%). Un niño/a del estrato trabajador marginal tiene 4 veces más chances de tener una privación que las que experimenta un niño/a del estrato medio profesional (84,9% frente a 22%).

Otro dato relevante es que la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes sancionada en 2005 dispuso un sistema de protección de derechos, con diferentes autoridades y funciones, para asegurar su vigencia y garantía. En la cúspide de ese sistema está prevista la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, un órgano federal de protección y control, con amplias facultades para intervenir ante violaciones a los derechos de la infancia, y promover la vigencia de los derechos de la niñez; tanto ante denuncias puntuales, como ante la identificación de problemáticas estructurales.

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